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Hace apenas una semana era difícil pensar que la elección para gobernador en el estado de Colima se anularía, menos aún cuando pocos días antes del fallo el magistrado a cargo de la elaboración del proyecto de sentencia había hecho público el mismo, el cual confirmaba la victoria del PRI y su candidato Ignacio Peralta.
Se trataba de una elección con una diferencia marginal de poco más de quinientos votos a favor del priísta, misma que aparentemente se encontraba llena de irregularidades y situaciones atípicas como la excesiva participación del electorado, incluyendo el voto de electores que conforme a la defensa del PAN se argumentó se trataba de personas muertas, así como de otros que habrían viajado en grandes cantidades desde el extranjero tan sólo a votar.
Finalmente, una prueba superveniente obtenida un día antes de la sesión donde se preveía votar el proyecto de sentencia hizo que el magistrado ponente para el caso Colima cambiara el sentido del mismo en favor de la anulación.
La prueba consistió en una declaración del secretario de Desarrollo Social del Estado ante el Congreso de Colima donde afirmó que la voz que se escuchaba en un audio donde coaccionaba a un grupo de ciudadanos a votar por el candidato del PRI durante las elecciones era la suya. El PAN había presentado este audio como prueba para lograr la nulidad de la elección, pero los magistrados lo habían desestimado al no poderse probar que la voz contenida en el mismo era la del funcionario en cuestión. Finalmente no hizo falta probarlo, fue el mismo secretario de Desarrollo Social quien lo admitió.
La anulación de esta elección es un tema de gran trascendencia e impacto para los colimenses, pero sería ideal que lo fuera para todas las elecciones que se llevan a cabo en el país, más aún en la víspera del año 2016 cuando se llevarán a cabo 13 elecciones para elegir gobernador en distintos estados.
Es un hecho lamentable que en México se dé por sentado que el gobierno es un operador de facto en las campañas tanto para alcaldes, diputados, senadores y por supuesto, para el relevo del titular del poder ejecutivo estatal. Se trata de la utilización de recursos públicos, la información y operación territorial a partir de los programas sociales e incluso el uso de la mismísima Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública como herramienta política en el uso autoritario del monopolio del ejercicio de la acción penal y de la fuerza pública.
Aunque un grupo de ciudadanos, organismos, intelectuales y analistas creen que el siguiente paso de la democracia mexicana es evitar la intervención del poder estatal en las elecciones, lo cierto es que no queda claro si el fallo y consecuente anulación de las elecciones a gobernador en Colima será el punto de partida que logre acabar con esta irregularidad que distorsiona la voluntad de los electores.
Quizá el fallo sea una llamada de atención a los gobernantes que tengan intenciones de ser los operadores políticos en sus municipios y estados, pero no para dejar de hacerlo, sino para tener más cuidado en cómo le ayudan a sus candidatos.
Si bien tampoco es imposible como oposición vencer a una estructura del estado y sus recursos, lo cierto es que muchos candidatos de partidos distintos al que gobierna no logran librar la batalla ante las desigualdades en lo económico, en lo operativo y por supuesto en el terror que puede sembrar quien tiene el control del aparato del estado, inteligencia y policía.
Los alcances y la trascendencia del caso Colima para el resto del país tendrá una prueba de fuego en 2016 y de manera determinante en las elecciones de 2018 donde está en juego ni más ni menos que la Presidencia de la República, siendo una tentación latente el uso del poder y todo lo que conlleva para quienes gobiernan en los distintos órdenes de gobierno que quieran a toda costa conservar para su partido las posiciones de autoridad para seguir ejerciendo el poder a toda costa y contra todo lo que se ponga en el camino.
Abogado con maestría en Políticas Públicas. @maximilianogp
