Ataques a las vías de comunicación, es el delito que están cometiendo los integrantes de la CNTE en el estado de Michoacán, previsto y sancionado por los artículos 165 y 167 del Código Penal Federal. A pesar de la flagrancia y continuidad del delito, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, no ha iniciado carpeta alguna de investigación. El Presidente de la República, Andrés Manuel López, por enésima ocasión reitera que no hará uso de la fuerza pública para liberar las vías del tren que están bloqueadas desde el pasado 14 de enero; insiste: no reprimirá al pueblo. El gobernador Silvano Aureoles se ha quedado con las manos cruzadas, tampoco hace nada para liberar las vías del ferrocarril, a pesar de que causan un daño aproximado (dice el líder de la Coparmex en ese estrado) de mil millones de pesos diarios. Conclusión, no existe estado de derecho ni autoridades que lo hagan valer, en tanto que los gobernados sufren enormes pérdidas económicas por culpa de un “puñado de delincuentes”.

Claro que los profesores dejan sin clases a cientos de alumnos por mantener un “ilegal plantón”. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, como si no existiera, no emite ni exhorto (al menos) para que regresen a dar clases o serán despedidos los maestros por no asistir a laborar. Un puñado de delincuentes tienen a las autoridades sojuzgadas y el Estado de Derecho Mexicano, sin aplicarse por parte de los responsables, en detrimento de la sociedad. Por lo pronto, los profesores de esa sección de la CNTE empezaron a recibir carretilladas de millones de pesos; dijo el Presidente de la República, que ha trasladado al gobierno de Michoacán, mil millones de pesos para los maestros; también les autorizaron la creación de 5 mil nuevas plazas. Vaya manera de gobernar.

Todo indica que la pretensión de López Obrador es debilitar el gobierno de su antiguo compañero de partido. Silvano Aureoles Conejo no se ha doblegado. Primero lo fustigó con la escasez de combustible, le cerró la llave y dejó varados a miles de empresarios (entre otros) aguacateros sin poder mover la mercancía, con el riesgo de perder miles de millones de pesos por ello; apenas se resolvía el problema, los aliados de Morena, entiéndase la CNTE, impiden el paso de los trenes de carga y dejan varada una millonada de mercancía. Es por demás evidente que el acuerdo político se da entre la CNTE y el gobierno de Morena; de ahí que el gobierno federal no tiene la menor intención de ordenar al “fiscal independiente” que inicie una carpeta de investigación en contra de los delincuentes. En medio de la disputa política, los empresarios desesperados por la mercancía varada en miles de contenedores aparcados en el puerto de Manzanillo; buscan, sin el apoyo de ninguno de los gobiernos, resolver el problema contratando cientos de tracto camiones para mover la mercancía a la brevedad posible, dejando a un lado el transporte del tren que no tiene solución previsible. Si a los delincuentes se les indemniza por acciones negativas del gobierno ¿Por qué no lo hacen con los empresarios que sufren pérdidas millonarias por omisión de acción del gobierno? Con esta van dos clarísimas omisiones que han generado consecuencias desastrosas; la muerte de 117 personas (se esperan más) que pudieron evitarse si el gobierno hubiese actuado, pero no, López Obrador prefirió la solución política, cuya desastrosa consecuencia fueron los muertos; la segunda acción de omisión del gobierno federal, estriba es un problema político entre gobernantes y dejan indefensa a la sociedad michoacana, parte de esta diariamente tiene pérdidas millonarias, en tanto los delincuentes obstruyen a placer el paso de las locomotoras y mercancías, presionan así al gobierno estatal para conseguir abusivas conquistas.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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