Esta semana, en una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio bomba sobre lo que hasta hace algunas semanas era conocido como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Afirmó que prepara un decreto para “abrir los archivos secretos” y añadió que “no va haber limitaciones… había una parte del archivo nacional del país que era reservado; no va haber reserva, se van a poder consultar todos los expedientes”.
Puesto que aún no se conoce el decreto en cuestión, es difícil valorar el alcance de la medida. En una lectura restrictiva, la bomba no es bomba: se trataría sólo de facilitar el acceso a los expedientes históricos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que ya se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN). Esos materiales están disponibles en el AGN desde 2002, pero el Cisen ha tutelado el acceso desde entonces. El asunto se ha debatido ampliamente por varios años y hay varias resoluciones del Inai en la materia.
Si el decreto anunciado por López Obrador abre plenamente esos archivos, se cerraría la discusión y el país podría tener acceso a información sobre eventos sucedidos antes de 1985.
Pero si la medida es más amplia e incluye también a materiales generados por el propio Cisen de 1989 a la fecha, el asunto se pone más complicado:
1. Si se abren los archivos, va a ser necesario proteger, en términos de la legislación vigente, los datos personales de todo ser humano mencionado en esos expedientes. Es decir, se tendrían que producir versiones públicas (y testadas) de miles o millones de documentos. Eso podría tomar de varios meses a varios años.
2. Por regla no escrita, pero ampliamente respetada en la comunidad de inteligencia, no se puede abrir información compartida por servicios homólogos extranjeros. Si se desafiara esa regla, el CNI se volvería un paria internacional. Pero no desafiarla implica revisar millones de documentos para identificar la información que provino de agencias extranjeras.
3. Existen materiales que, aún testados, pueden proveer datos que permitan la identificación de informantes del Centro. Abrirlos significaría poner en riesgo la vida o la reputación de personas que proveyeron información valiosa al Estado mexicano y con las cuales hubo un acuerdo de no revelar su identidad. Existe un imperativo moral de honrar ese compromiso. Eso obliga a una revisión cuidadosa de todos los materiales que se pretenda abrir.
4. Una parte de los materiales puede contener información sobre el personal del Centro. Si se abriera, podría ponerse en riesgo la vida de muchos funcionarios públicos que han dado años de servicio al Estado mexicano. En consecuencia, una política de apertura debe ser consistente con la protección del personal.
5. En el mismo tenor, es necesario ser cuidadoso en proteger los métodos de recolección de información del Centro. Revelar de más sobre herramientas o tácticas podría poner en riesgo operaciones presentes o futuras, y socavar la capacidad de generación de inteligencia del Estado mexicano.
Nada de lo anterior es obstáculo insalvable para una política de transparencia. De hecho, en la administración Calderón hubo una decisión explícita en el Cisen de desclasificar voluntariamente documentos y ponerlos a disposición del público (Nota: fui funcionario del Cisen en esos años). Esa política podría retomarse y profundizarse, sin necesidad de decreto presidencial.
Pero, en esta materia, la apertura de información debe hacerse con atención a los detalles, protegiendo la vida de las personas y el interés nacional.
Ojalá el decreto anunciado por el Presidente incluya esos matices.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
