Dos semanas de protestas con violentos enfrentamientos callejeros entre ciudadanos y carabineros en Chile obligaron esta semana al aún presidente Sebastian Piñera a cancelar dos muy importantes cumbres internacionales de las que su país sería sede: APEC y la COP25.
La cancelación de ambos eventos es lamentable. Si bien es cierto que su realización se avizoraba bastante complicada debido a la crisis interna que atraviesa el país, también es verdad que con ello, Chile pierde no una sino dos excelentes oportunidades para posicionarse en la escena internacional, especialmente tomando el liderazgo en lo que a la lucha contra el cambio climático, que se debatiría en la COP25, se refiere.
Sin embargo, resolver el conflicto interno es ahora una prioridad. La crisis en Chile destapó una realidad que había pasado desapercibida para el resto del mundo: la terrible desigualdad que vide la sociedad chilena y que se ha visto exacerbada por políticas económicas draconianas abanderadas por el actual gobierno. Los chilenos no viven hoy en el Paraíso prometido que pensábamos en el resto del mundo, hoy no hay duda de eso.
El modelo económico chileno está, como en muchas partes del mundo, agotado y ha mostrado sus falencias, principalmente, la creciente brecha entre ricos y pobres mostrada en asuntos tan cotidianos como el precio del transporte público y otros tan complejos como el fallido sistema de pensiones. Para salir de la crisis Chile requiere hacer cambios de fondo a lo que ha sido la guía económica del país desde la época pinochetista y para ello tiene que modificar la Constitución.
El texto constitucional que hoy rige a Chile data de 1980, época en la que el dictador Pinochet aún se encontraba en el poder, una constitución cuyos postulados hiperliberales chocan con las demandas sociales enarboladas en los últimos días: condiciones laborales, gratuidad de la educación, pensiones, vivienda, salud.
Apaciguar al país deberá pasar necesariamente por redactar un nuevo texto Constitucional, sólo así se podrá dar cauce político a las protestas y al desencanto ciudadano. Un nuevo texto constitucional que pueda redefinir el rumbo, que estructure “el ser y modo de ser” del Estado chileno, que de cabida a las voces que exigen mayor equidad en la distribución de la riqueza y el fin del modelo económico imperante en las últimas cuatro décadas.
Sin embargo, redactar una nueva Constitución conlleva también grandes riesgos. El primero, es que el propio proceso político para alcanzar consensos que permitan llevarlo a cabo puede resultar tedioso, demandante y frustrante para una sociedad ávida de respuestas inmediatas. Y el segundo y no menos importante, es que el resultado puede ser, con mucho, contraproductente.
Chile es hoy el escenario de la lucha de dos visiones distintas en la forma de hacer política y en el futuro para América del Sur; por un lado la izquierda populista y por el otro lado la derecha radical, ambas propuestas encontraron en las protestas chilenas contra el alza de transporte, el caldo de cultivo para empujar sus agendas particulares. La futura Constitución chilena no estará exenta de esas peleas. Al contrario, puede ser el origen de conflictos iguales o más graves y como he dicho antes, el resultado puede ser contraproducente y llevar a Chile a un estadio completamente apartado del camino de la democracia. La injerencia de entes, gobiernos e intereses extranjeros es el riesgo mayor al que se enfrentará el país en caso de decidir andar ese camino.
Doctora en Derecho. Twitter: @solange_
