A partir del 1 de diciembre el gobierno de López Obrador implementará 50 medidas que harán frente a la corrupción y apuntalarán la austeridad como ejes de su gobierno. La trascendencia de muchas de ellas ha hecho levantar la ceja a varios analistas, y aunque algunas parezcan inverosímiles, fueron parte de su discurso de campaña. La primera es la reforma al artículo 108 constitucional para agregar que el presidente en funciones sí podrá ser juzgado; también que se suspenderán fueros y privilegios para todos los funcionarios públicos.

Reformará la ley para considerar delitos graves sin fianza el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustible y el fraude electoral. Para ello la Fiscalía General contará con absoluta autonomía y no recibirá línea presidencial.

Las elecciones serán limpias y libres porque habrá una Fiscalía Electoral que estará pendiente de que así sea, evitando la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a los partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito electoral, “trátese de quien se trate incluidos compañeros de lucha”.

Los funcionarios del nuevo gobierno tendrán que presentar declaración de bienes patrimoniales, igual de sus familiares, mismos que se harán públicos y serán transparentes. El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ganará menos de la mitad de lo que ganaba el de Enrique Peña Nieto, y sin ningún tipo de compensaciones. No habrá compra de vehículos nuevos para los funcionarios, y tampoco se adquirirán equipos de cómputo en el primer año de gobierno.

Las Secretarías no podrán tener más de cinco asesores, y sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes. Tampoco habrá bonos u otras canonjías, y el salario será integral a excepción de gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. En este sentido, los gastos serán limitados al mínimo y no habrá partida para gastos médicos privados. Desaparecerá la famosa partida conocida como “seguro de separación individualizada”.

No se podrá viajar al extranjero sin la autorización de los secretarios y la partida se reducirá a lo indispensable. Quedan cancelados los fideicomisos o cualquier otro mecanismo que permita ocultar fondos públicos. Nadie contará con guardaespaldas, únicamente los funcionarios relacionados con la seguridad pública. Será suprimida toda estructura y programas duplicados como oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contralorías internas, que se centralizarán en una sola oficina dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.

Se reducirá toda la estructura de confianza en 70% del personal y del gasto de operación. Los sueldos de los altos funcionarios públicos se bajan a la mitad de manera progresiva para quienes ganan más de un millón de pesos anuales. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. La flotilla existente se venderá, y sólo quedarán los destinados a la seguridad, protección civil, y los que se ocupen para enfermos.

Serán canceladas las pensiones para expresidentes, y no se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares. No podrá contratarse a familiares, y el horario de los trabajadores de confianza será de lunes a sábado cuando menos ocho horas diarias. No se podrá asistir a trabajar en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en oficinas públicas. La publicidad del gobierno federal se reducirá al 50%, y los funcionarios de las dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos, o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.