¿Cárcel para quien discrimina?

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 27 de febrero ocurrió un hecho inédito en el municipio de Querétaro: después de que un juez de primera instancia girara una orden de aprehensión por el delito de discriminación, un matrimonio fue detenido, acusado de insultar, agredir y ofender a un joven con síndrome de Down.

Quienes hemos tenido la oportunidad de convivir de cerca con algún pequeño o pequeña con alguna discapacidad, conocemos de primera mano lo cruel que puede ser la sociedad para marcar la diferencia, para separar, para humillar a quien no se comprende, y a quien simplemente aparece como distinto o distinta a los ojos de los demás.

Si ese pequeño o pequeña resulta ser un familiar, entonces el malestar se acompaña de la rabia. Quisiéramos que nuestros seres queridos nunca hubieran sido discriminados o discriminadas, pero también que se hiciera justicia, que la autoridad actuara de manera ejemplar para hacer justicia en el presente y para desalentar cualquier forma de discriminación en el futuro. No obstante, tendríamos que pensar cuál es la mejor manera de combatir la discriminación, y si un proyecto de penalización y cárcel tendría que ser central a esta causa.

Desde el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED) hemos apoyado la causa de igualdad y la inclusión, y nuestra convicción es que los daños causados por la discriminación deben ser procesados por el sistema de procuración de justicia, pero también por el tejido institucional que atiende vulnerabilidad, se trate de afectaciones a la vida, la salud mental o la integridad de una persona.

La razón es simple y contundente: agresiones y violencias como los que experimentó el chico con síndrome de Down, son marcas indelebles en la subjetividad de la persona. En las sociedades democráticas, la cárcel u otras penas no tienen un sentido de revancha o de aplicar la ley del “ojo por ojo”; se trata de retirar el derecho a la libertad y el desplazamiento de la persona ofensora porque se considera que ella ha realizado un daño a la comunidad política que tiene que ser desalentado.

Es decir, si finalmente se da cárcel al matrimonio agresor del chico con síndrome de Down, es porque se considera que el daño que se hace no sólo afecta a una persona, sino a toda la comunidad que, en ausencia de la pena, podría ver esto como una forma de promover la impunidad y la injusticia. No obstante que la justicia se despliega bajo la forma de la sanción por el daño hecho a una persona, también es cierto que la justicia implica medidas no penales para beneficiar a la víctima, como la reparación del daño, las medidas de reintegración y las garantías de no repetición.

No se pueden tolerar agresiones fundadas en la discriminación que, a la vez, representan riesgo para quien no puede defenderse por sí mismo o para quien experimenta ya una condición de vulnerabilidad que la agresión solo acentúa. Pero allí no puede detenerse la acción del Estado para desalentar la discriminación.

Efectivamente, necesitamos repensar las formas de penalizar la discriminación, no como una forma de venganza, sino para mandar un mensaje social en el sentido de que estos actos de exclusión y violencia no pueden permanecer en la impunidad. Pero también requerimos que el Estado realice una labor cultural y de fortalecimiento de las capacidades de gestión de derechos, que permita que se combatan los prejuicios y estigmas discriminatorios que vuelven a ciertas personas destinatarias de violencia y tratos crueles.

Como puede verse, la tarea no es sencilla. La cárcel no debe convertirse en la principal herramienta para combatir la discriminación, pero no debe permitirse que los agentes de la discriminación que lastiman la integridad de una persona queden en la impunidad. No obstante, en el caso de aquél joven con síndrome de Down, tendríamos que preguntarnos también qué hemos hecho como sociedad para crear una cultura de la inclusión y que observe a quienes viven con una discapacidad –o cualquiera de las causales de discriminación en el momento presente– como integrantes plenos de la comunidad, y no como extranjeros o extranjeras en su propio territorio.

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