Candidatos independientes

Arnulfo Moya Vargas

Ha terminado el monopolio en el ejercicio de las oportunidades políticas que los partidos explotaban desde las primeras décadas del siglo XX en nuestro país. Ahora, a nivel nacional y local, existe la posibilidad legal de que los ciudadanos puedan ser candidatos sin la intermediación de los partidos. Es un verdadero triunfo de las pretensiones liberales y de los demócratas quienes hemos visto la dominación inescrupulosa de las élites de los partidos arrebatando a los ciudadanos una libertad básica: la libertad de elegir y de elegirse.

Sin duda que el caso Castañeda vs. México ha sido el factor jurídico político detonador y determinante de este cambio. Recordemos que Jorge G. Castañeda intentó obtener la candidatura a la Presidencia y después de una batalla jurídica y política de varios años logró en la Corte Interamericana una condena al Estado mexicano para que se autoricen las candidaturas.

Las candidaturas independientes o ciudadanas constituyen una medida que puede propiciar la democratización del régimen de partidos en México. En términos constitucionales no existe impedimento alguno para que proceda su admisión en la práctica política. La introducción de esta figura típica de la democracia moderna permitirá concluir con el monopolio en el acceso a las candidaturas que tienen los partidos políticos en nuestro país.

La regulación de las candidaturas ciudadanas obligará a los partidos a eficientar sus formas de reclutamiento y a cuidar los perfiles de los ciudadanos designados para el ejercicio de los cargos.

Tendrán estas candidaturas también el propósito de ampliar la estructura de oportunidades políticas de los ciudadanos, al permitirles una puerta adicional de acceso a los cargos públicos, y permitirían además transformar la estructura de la competencia electoral al obligar a las élites de los partidos a eficientar sus mecanismos de reclutamiento de candidatos y de cuadros de gobierno.

En el caso de nuestro país, las candidaturas independientes o ciudadanas ya existieron en la legislación electoral de principios del siglo XX. La reimplantación en la actual reforma política de este tipo de medidas no es extraña al orden jurídico nacional, máxime que la Constitución nunca las prohibió.

En el caso de las legislaciones de los estados, también su adopción ayudaría a la democracia local. Querétaro fue el primer estado que las constitucionalizó previo a la reforma nacional de este año.

Un análisis de los artículos 55, 56, 84, 115 y 116 de la Constitución, los cuales establecen los requisitos para ser diputado, senador, Presidente de la República, miembro de algún ayuntamiento o gobernador respectivamente, nos lleva a la conclusión de que en ningún extremo de interpretación constitucional es admisible deducir que el Constituyente se hubiera propuesto antes o después de esta reforma de 2014, exigir los requisitos tan complicados para que un ciudadano sea candidato no partidista, a saber: el número de adhesiones que ronda en el 1 y 2% del padrón; plazo limitado para la obtención de firmas de apoyo; la no utilización de los medios masivos de comunicación para la obtención de las firmas; la prohibición de la papeleta electoral; la no afiliación a un partido en un periodo previo para ejercer el derecho de voto pasivo.

Parece ser que las élites políticas siempre le dieron una interpretación prohibitiva a estas candidaturas y las pretenden inhibir en los hechos.

Si el Estado mexicano presume de tener un régimen democrático (artículo 3° constitucional) no puede en esa lógica legal impedir, por vía de establecer requisitos burocráticos para la procedencia de las candidaturas independientes, que pongan en riesgo la hegemonía y el monopolio en las candidaturas por los partidos políticos, fenómeno dominante y su evidente dominio de los procesos electorales en México.

Formulo las siguientes cuestiones respecto de lo planteado: ¿Es práctico el sistema de candidaturas independientes, siendo un mecanismo complementario del sistema de partidos? ¿Cómo argumentar a favor de la procedencia de las candidaturas independiente en la legislación electoral de Querétaro? ¿Cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral resolverán las inconsistencias de la legislación electoral respecto a las candidaturas independientes? ¿Qué hay que cambiar del orden jurídico mexicano en los ámbitos federales y local para hacer más eficiente ese derecho? ¿Es un derecho político, el de las candidaturas independientes, susceptible de protección constitucional y en base a cuáles recursos?

Las leyes lectorales del país no establecen como requisito para ser candidato el que se pertenezca a un partido político, sin embargo, todo el proceso electoral lo regula incluidas las candidaturas independientes en torno a la consideración del partido político como el sujeto privilegiado del proceso político.

En conclusión, las candidaturas independientes, son constitucionales pero no están eficazmente legisladas para su plena operatividad. Es sólo a través de un sistema contencioso como se podría lograr su instrumentación práctica.

 

Abogado

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