Campañas sucias

Hernán Gómez Bruera

No se trata de prohibir ni censurar, sino de afinar los mecanismos de regulación para afinar los procedimientos

El traumático proceso electoral de 2006 mostró el potencial peligro que tienen para la democracia las campañas sucias, especialmente cuando son calumniosas y se dan en contextos de iniquidad. Buena parte de la campaña de 2006 se hizo a partir de ostensibles mentiras, como aquel spot que acusaba a AMLO de haber triplicado la deuda de la Ciudad de México (cuando, en términos reales, se redujo). Por ello la reforma electoral de 2007 estableció en la Constitución que los partidos deben abstenerse de calumniar a sus oponentes y prohibió a personas físicas y morales contratar propaganda en radio y televisión.

Hemos tenido una animada discusión sobre campañas sucias en La Hora de Opinar (https://goo.gl/2GAQso). Leo Zuckermann se ha expresado abiertamente en contra de la legislación —incluso se ha amparado contra ella— por considerar que establece un mecanismo prohibitivo de censura que atenta contra la libertad de expresión. Al calor de esta campaña, el argumento es hoy utilizado por intelectuales anti-AMLO para acusar a la izquierda de silenciar la crítica.

No es ése el caso. En primer lugar porque varios partidos y coaliciones —no solamente Morena— han presentado reclamos por calumnia ante el INE (46 durante todo el proceso electoral). Casi siempre la Comisión de Quejas ha fallado en contra de los quejosos con el argumento de que sólo se configura una calumnia cuando existe “una imputación directa e inequívoca de un delito o hechos falsos”.

Ocurrió así, por ejemplo, con un spot donde aparece la imagen de Napoleón Gómez Urrutia y detrás la leyenda: “Ir hacia atrás es perdonar criminales”. Este último mensaje podría tener mucho de calumnioso —aunque la comisión decidió en otro sentido— porque Gómez Urrutia ha sido exonerado por la Justicia y no tiene causas penales pendientes. ¿No sería acaso una calumnia si en este momento se hiciera un spot refiriéndose a Anaya como un delincuente por las dudas que genera su patrimonio?

En un mundo ideal, sería mejor que no fuera una comisión de tres personas la que decida qué pueden o no ver los ciudadanos (en esto coincido con Zuckermann). Debiera ser la propia ciudadanía la que decida y forme su opinión sobre la verdad o falsedad de los mensajes que se emiten a partir de una variedad de contenidos. Sucede, sin embargo, que en nuestro país ni los medios son la vía para que el público pueda obtener información veraz y objetiva ni todos los partidos y coaliciones cuentan con los mismos recursos para contestar falsedades o calumnias en espacios publicitarios.

Por eso, más que un tema de libertad de expresión, como apunta Zuckermann, estamos ante un problema de acceso equitativo a los medios de comunicación y a los espacios de deliberación pública, valores que debieran defenderse desde una postura auténticamente liberal. No puede ser que se escuche más la voz del que tiene más dinero o el que puede comprar espacios.

Por eso es un problema que en tiempos de campaña las organizaciones empresariales contraten spots publicitarios para dirigir mensajes que a todas luces buscan influir en la elección, como ocurrió con el reciente anuncio de Mexicanos Primero sobre la reforma educativa (https://goo.gl/9XV3v4). Lamentablemente, la Comisión de Quejas falló en contra de esta queja, traicionando así un elemento central de la reforma de 2007.

Una preocupación similar genera la publicidad en torno a la misteriosa serie sobre populismo en América Latina, suponiendo que ésta realmente existe y no es una noticia fabricada (vale la pena leer a Antonio Marvel: https://goo.gl/Lj3nr9). Lejos de buscar censurarla —como se ha dicho—, la izquierda reclama transparencia: los ciudadanos tenemos derecho a saber de dónde vienen los recursos con los que se financia la publicidad generada en torno a los procesos electorales.

No se trata de prohibir ni censurar, sino de afinar los mecanismos de regulación para afinar los procedimientos (no los contenidos) y así equilibrar el debate público y dar a todos el mismo derecho a la voz. La mentira, la iniquidad y la opacidad nunca son positivas en una democracia.

Investigador del Instituto Mora.

@HernanGomezB

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