En días pasados el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto recién aprobado que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyos cambios integran la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió durante su aprobación en graves violaciones al proceso legislativo establecido.

La sentencia aprobada por nueve votos y dos en contra, cita: “La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.

Como era de esperarse, el gobierno federal a través del secretario de Gobernación, aseguró que se pondrá en marcha un “plan C” y señaló a los nueve ministros que votaron a favor de no respetar la voluntad democrática popular.

Andreas Schedler dice que una de las más ostentosas manifestaciones de la crisis de la democracia puede verse en la difusión, a escala mundial, de ciertas formas de actuación política que algunos estudiosos han bautizado como “antipolítica”, el término designa la visión y la estrategia de partidos y movimientos que aspiran a añadir consensos en torno a fórmulas demagógicas neopopulistas, caracterizadas por la contraposición entre la voluntad “verdadera” del “pueblo” y esa otra expresada por las culturas políticas sedimentadas en los sistemas de partido y por las instituciones de la representación.

Michelangelo Bovero dice que él utilizaría el término “antidemocracia”; incluso para sugerir que pese al consenso electoral obtenido por estos actores políticos, se trata de una caricatura, de una ridícula caricatura de la democracia; de una democracia aparente que reviste y disfraza formas incipientes de autocracia electiva.

¿Cuál es el “plan C”? Para el presidente no es la sucesión presidencial el objetivo único de las elecciones del 2024, ante la falta de mayoría calificada que le permita modificar la Constitución Política y por las decisiones que la SCJN ha dado a algunas de sus reformas prioritarias, el ejecutivo federal apuesta por buscar que en las elecciones del próximo año, su partido no solo gane la presidencia, sino que consiga dos terceras partes de los diputados y senadores que le permitan concretar los últimos cambios de su sexenio.

El plan C se percibe como una de las más peligrosas consecuencias de la antidemocracia, la “argumentación” con que desarrolla este esquema permite visualizar la esencia negativa del populismo cuya identidad se resuelve en la total negación de la democracia. En su show diario se refirió a la Suprema Corte con odio y profirió una serie de insultos, incluidos los que hizo contra los ministros de la Corte. También se refirió con ira a un exministro, a uno de los grandes abogados constitucionalistas de nuestro país.

Bovero dice que de la mezcla entre represión violenta y engaño demagógico, se “privilegia” un segundo ingrediente; el que fomenta la hiperpersonalización de la política y presenta figuras grotescas de poder carismático; el que busca el refuerzo del ejecutivo debilitando vínculos y controles; el que actúa con formas tendencialmente destructivas del orden consolidado en las arquitecturas constitucionales.

“Se acabó la farsa, ya no pueden engañar: quieren una dictadura disfrazada de elecciones a modo. Quieren un país que le niega a los ciudadanos su derecho a las elecciones libres y profesionalmente organizadas, preparan una elección de Estado”, concluye Federico Reyes Heroles.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH