El PRI gobernó durante más de 70 años, desplegando al mundo la narrativa de un México democrático y pacífico. Vargas Llosa denominó “Dictadura perfecta”, al ejercicio del poder donde el Ejecutivo devino figura intocable y todopoderosa. En este marco, la división de poderes se expresaba en la forma, pero no en la práctica.

Con la llegada del PAN a la Presidencia de la República en 2000, la expectativa de lograr la transición democrática se convirtió en una promesa incumplida.

Durante 12 años, los poderes Legislativo y Judicial replicaron las prácticas de subordinación al Poder Ejecutivo. Cambió el partido, pero la lógica del poder instrumentada por las élites económicas y políticas continuó siendo la misma.

El retorno del PRI en 2012, bajo el impulso de Felipe Calderón, quien prefirió apoyar a Enrique Peña Nieto, antes que respaldar a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, puso al descubierto varias cuestiones.

Los acuerdos entre el PRI y PAN para preservar y dar continuidad al neoliberalismo. Acción que implicó el adelgazamiento de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos de la población haciendo más profunda la brecha de la desigualdad.

En este proceso, se llevó a cabo la privatización de empresas públicas y la concesión de derechos para la explotación de recursos naturales de la nación, en beneficio de capitales locales y extranjeros, a costa de lo que fuera. La supuesta “guerra contra el narcotráfico” y el “caso Odebrecht”, representan sólo una muestra de lo dicho.

Sin la participación de los poderes Judicial y Legislativo hubiera sido imposible realizar las reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, promovidas por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para volver “legal, lo ilegal”.

Hoy, la separación de poderes en México es una realidad. Andrés Manuel López Obrador no controla al Poder Legislativo. El rechazo a sus reformas eléctrica y electoral constituyen un ejemplo de esta afirmación. Tampoco controla al Poder Judicial. En menos de tres meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descongeló las cuentas de la esposa de García Luna y de Cárdenas Palomino, liberó a Rosario Robles, amparó a Cabeza de Vaca y René Gavira Segrestre, exdirector de administración y finanzas de Segalmex. Y, falló en favor del INE para frenar el Plan B de la reforma electoral.

En la práctica, los hechos muestran la innegable separación del Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no basta contar con esta división para dar paso al funcionamiento de las ramas de la jerarquía similar que integran el Estado, si estos se encuentran subordinados a los grupos de interés creados.

En este sentido, la crítica que actualmente se hace al Poder Judicial no deriva de que sea una mujer la que encabeza la SCJN, sino a las decisiones que favorecen a corruptos y delincuentes. En algunos casos, ministros, magistrados y jueces muestran una sustancial predisposición a involucrarse en favor de intereses creados tomando posturas de carácter netamente político y discrecional que lastiman la impartición y procuración de justicia.

La preocupación continúa siendo la misma, ¿cómo limpiar al Poder Judicial del nepotismo, la corrupción y la impunidad?

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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