Bloqueos en Twitter

Luis Octavio Vado Grajales

Los funcionarios no están obligados a tener presencia en redes. Son las dependencias públicas las que están obligadas a tener información en internet.

¿Puede un funcionario público bloquear de sus cuentas personales en redes sociales a un ciudadano? No hablo de la cuenta oficial, sino de aquellas que cualquiera puede tener en diversas redes, en las que lo mismo subimos la estudiada foto de un café a contraluz, que la imagen de nuestra mascota o algún evento laboral que nos enorgullece. La respuesta a la pregunta inicial es no, como se ha resuelto ya en dos casos.

En el primero se demostró, además del bloqueo, que el servidor público subía a su cuenta de Twitter diversas acciones de su gobierno, a pesar de afirmar que sólo la usaba para dar opiniones personales. El juez ordenó al funcionario retirar el bloqueo a la cuenta del ciudadano. La justificación de la sentencia radicó en que, siendo una obligación de los funcionarios públicos el respetar el acceso a la información, y dado que el servidor usaba su cuenta personal para comunicarse con los gobernados mediante la publicación de cuestiones propias de su cargo, asumía la obligación de permitir el acceso a cualquier persona a la misma.

El segundo implica a un político del más alto nivel que había bloqueado a un usuario en razón de sus puntos de vista políticos. Aquí una jueza ordenó el desbloqueo, considerando que el funcionario usaba su cuenta personal para comunicar decisiones que solo podría tomar dicho funcionario; por otro lado, señalando que la cuenta de Twitter del político se había vuelto un auténtico foro de discusión, del que excluía el bloqueo a un ciudadano, en un acto que además significaba discriminación por opiniones políticas.

El funcionario del primer caso es el Presidente Municipal de Nogales, Sonora. El del segundo es el Presidente de los Estados Unidos. Resuelve el primero el juez Alfonso Robles Cuétara, y el segundo la jueza Naomi Reice Buchwald.

Recientemente otro asunto similar pareció iniciar, cuando en amparo John Ackerman demandó al consejero del INE Ciro Murayama que lo desbloqueara de Twitter. Recibida la demanda el Consejero desbloqueó al académico y activista.

En estas épocas en las que quien no está en redes parece no existir, los políticos las usan para exponer sus puntos de vista o presumir logros. Pero, al igual que cualquier ciudadano, suelen mezclar en una misma cuenta tanto la reflexión personal que el acto propiamente laboral, y es ahí donde vale la pena cuestionarnos los límites de las cuentas sociales privadas y las institucionales. Los funcionarios no están obligados a tener presencia en redes. Son las dependencias públicas las que están obligadas a tener información en internet.

Imagine una dependencia a la que se le acusa de ocultar información, ¿podría defenderse diciendo que su titular ya lo hizo en sus cuentas personales? Lo que implicaría usar en sentido contrario el argumento de las resoluciones comentadas, obviando que la publicidad de la información debe darse de forma oficial por los canales previstos en ley.

Uno de los razonamientos de la sentencia que ordena a Donald Trump el desbloqueo es interesante: la cuenta personal del Presidente se ha vuelto un espacio para la discusión pública, por lo que bloquear a alguien es dejarlo fuera de un debate democrático. Este argumento me parece sólido y atendible ya queTwitter es una red propia para el intercambio de opiniones, y lo relevante no es sólo lo que comparte un político, sino también la discusión que se genera, ya que lleva a la formación de opiniones personales en asuntos públicos.

Twitter como sustituto virtual del ágora pública. Interesante, aunque excluyente y perturbador.

 

 

 

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