En cumplimiento a la Constitución, en 2014, la legislatura de Baja California decidió homologar sus elecciones locales, a las elecciones federales de 2021. Con este propósito, el estado de Baja California redujo el periodo de duración de todos los cargos que se votarían para este año y, en el caso específico de la gubernatura, se determinó que quien resultara electo en 2019 ocuparía el cargo por dos años.

En días pasados la Legislatura de Baja California decidió extender el mandato del gobernador electo, anulando el artículo transitorio de la Constitución que redujo a dos años el término de elección una vez que pasó el proceso electoral y en unos días se dará el cambio constitucional en el Congreso, estamos frente a un agravio a la voluntad popular expresada en las elecciones del pasado 2 de junio que eligió una gubernatura de dos años.

Esto ha causado inquietud y alarma en varios círculos, tanto intelectuales como sociales, por la posibilidad de que el Constituyente federal intentara modificar el término del periodo de una autoridad a fin de prolongarla, independientemente del término para el que fue electa y crear un precedente.

Diversas opiniones coinciden en que podría considerarse una acción deliberada desde el Ejecutivo Federal. No son pocos los que comentan que es “un ensayo para ampliar el periodo presidencial”. Es una acción programada para valorar sus efectos, para sopesarlos, y sobre todo las reacciones de la población. Podría ser la antesala de la decisión política que permita perdurar el periodo para el que fueron electos.

En el ejercicio del poder, la obsesión por la popularidad confunde, hace perder el sentido del fin supremo del Estado que es el bienestar general y requiere del gobernante una forma proactiva y de búsqueda de respuestas a los desafíos que impone la realidad. La actitud populista es un peligro de ruptura de las estructuras y las instituciones, hay la tentación de destruir para que, sin ningún tipo de restricciones y de manera arbitraria, se tomen decisiones.

Estado y Derecho son un binomio necesario para el funcionamiento de cualquier sociedad, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias.

El asunto deberá resolverse por la vía legal y corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que estamos hablando de un tema delicado que está violando el Estado de Derecho que como nación, aceptamos.

Otras opiniones han planteado la desaparición de poderes en el estado de Baja California. Esta, es una facultad exclusiva del Senado de la República, es requisito la desaparición de los tres poderes en la entidad federativa para que el Senado ejerza las atribuciones que le da la Ley.

Dejar pasar esta reforma de Baja California sería como legitimar el inicio de desmantelamiento del sistema democrático del país.

El equilibrio de poderes, es posición insalvable en gobiernos con democracia, porque sin ella no hay representatividad ni oportunidades ni valores ni dignidad social; convirtiéndose la democracia en la fortaleza donde deberá descansar todo poder equilibrado. El ejercicio público de los poderes presupone, ante todo, un justo equilibrio natural como imperativo categórico, y un principio constitucional como factor insustituible.

La defensa del Estado de Derecho es el mejor correctivo del populismo, se deben respetar las leyes que nos hemos dado. El pragmatismo no debe violentar el Estado de Derecho, pues desvía el orden constitucional, no es garantía de seguridad jurídica, deben actuar en el marco de sus facultades, lo que implica respeto a la Constitución de nuestro país.

Aristóteles exigía a quienes pretendían dedicarse a la política especial capacidad para el cargo, lealtad con las leyes y virtudes personales, “pues sin el dominio de uno mismo, no puede el político ser de utilidad para su comunidad”.

Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local. @Chucho_RH