Cientos de miles de caracteres, de artículos, de páginas web, de kilobytes y litros de tinta y papel se han publicado por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que este lunes cumplió 8 años de haberse perpetrado.

Y aunque este es un artículo más, no por ello será en vano recordar cuáles son los hechos porque, como dijo Milan Kundera, la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.

Muy rápido el sexenio de Enrique Peña Nieto entró en declive por una serie de revelaciones periodísticas, donde las más destacadas fueron la del conflicto de interés de la casa blanca y la de los estudiantes de Ayotzinapa.

Sobre este último, la información fue saliendo a cuentagotas hasta que finalmente se supo que 43 estudiantes habían sufrido desaparición forzosa. La siguiente pregunta fue saber quiénes eran los que había cometido tal atrocidad. Para entonces, para la opinión pública no había duda: Fue el Estado, tal y como se escribió con velas en una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México.

La primera respuesta del gobierno peñanietista fue crear una comisión especial para investigar, cuyos resultados finales presentaría Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre del 2014. De esa rueda de prensa, resultarían dos frases que marcarían el desatino del gobierno federal: “Ya me cansé” y “Esta es la verdad histórica”.

La primera versión sostenía que los estudiantes, tras ser detenidos por la policía municipal, fueron entregados a la organización criminal Guerreros Unidos y que estos los habían asesinado, incinerados en un basurero y tiradas sus cenizas en un río cercano.

Sin embargo, posteriores investigaciones demostraron que la principal información había sido obtenida bajo tortura y que muchos elementos no encajaban, como el hecho de la cantidad necesaria de energía que se hubiera necesitado para incinerar 3 cuerpos al aire libre, además de que esa madrugada había condiciones climatológicas adversas como para generar una hoguera al aire libre.

Esas y más dudas hicieron que se pusiera en duda la “verdad histórica” y que la presión social siguiera hasta obligar al nuevo gobierno de López Obrador a no olvidar el caso.

Recientemente, el caso ha vuelto a estar en boga por varios motivos: la publicación de un nuevo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura y obstrucción de la justicia.

El nuevo informe maneja hipótesis que no son excluyentes y que revelan que, en un contexto de enfrentamiento de grupos rivales, los estudiantes hayan sido confundidos como integrantes de alguno de ellos y que, uno de los vehículos que habían robado, contendría mercancía; esto además de la complicidad de autoridades de todos los niveles.

El documento se puede consultar en internet en una versión testada, pero recientes filtraciones periodísticas, han dado a conocer los detalles que estaban borrados de la versión pública.

Periodista y sociólogo. @viloja