Aumento de impuestos y decepciones municipales

Norberto Alvarado Alegría

El aumento de las contribuciones municipales que ha propuesto el presidente municipal de Querétaro y que sólo la mayoría panista en el ayuntamiento aprobó incluir en el proyecto de Ley de Ingresos 2016, deberá ser analizado y en su caso aprobado o rechazado por la LVIII Legislatura del Estado, que es la única facultada para imponer cargas, tributos y contribuciones a los gobernados, y no la autoridad municipal que tiene la facultad de proponer las tasas, tarifas y valores catastrales en su iniciativa de ley que anualmente envía al legislativo. Fue en la décima reforma al Artículo 115 aprobada en 1999, cuando en el artículo quinto transitorio se estableció que a partir del 2002 las legislaturas de los estados tendrían que equiparar los valores catastrales a los comerciales de los inmuebles ubicados en los municipios, y que sirven de base para el cobro de los impuestos y derechos inmobiliarios. Este aumento vino con la posibilidad de que los municipios ajustaran las tarifas de cobro a la baja, para no impactar la economía de los habitantes, situación omitida en Querétaro porque todos los municipios han aumentado las tarifas del impuesto predial, y en El Marqués desde la última administración panista, de manera inconstitucional la tarifa para el cálculo del impuesto sobre traslado de dominio está fuera de la ley.

Esta disposición constitucional se ha aplicado en los municipios de Querétaro, y principalmente en la capital, donde anualmente los valores catastrales de los inmuebles incrementan, principalmente por administraciones panistas. En algunos casos de manera exorbitante, al grado que al día de hoy, un gran número de inmuebles tienen valores catastrales irreales, por encima del valor comercial, lo que ha generado una falsa plusvalía de la tierra y las construcciones queretanas. Nuestra ciudad se ubica entre las diez metrópolis más caras para comprar casa en México, con un precio de 10 mil 484 pesos por metro cuadrado, según un ranking de la revista Forbes; una de las principales causas por las que la capital queretana es considerada como la ciudad más cara del país para vivir. La inflación que el municipio registró en agosto de 2015, fue de un 514% por encima de la media nacional, de acuerdo con cifras del Inegi, debido además del sector inmobiliario, al alza en impuestos y el costo del transporte público.

El problema es grave, el municipio ejerce casi 900% más presupuesto que hace 20 años; en 1996 el presupuesto municipal fue de $300 millones de pesos, y para este 2016 se esperan ejercer más de $2,700 millones de pesos; sin embargo, del trienio 1994-1997 a la fecha, ningún gobierno municipal ha sido eficiente para manejar los millonarios recursos, pues la nómina y el gasto corriente han aumentado exponencialmente, y las obras y los servicios públicos han disminuido cuantitativa y cualitativamente. Por ello, no es justificable el aumento de impuestos a la ciudadanía; por el contrario, la carga impositiva al ciudadano, debe reducirse a través de hacer más eficiente el gasto público. Ejemplo de ello, sería la aplicación de otros instrumentos fiscales que graven los millonarios negocios inmobiliarios —como las contribuciones de mejora por obras públicas que se construyeron en beneficio de unos pocos, como las grandes vialidades—, y no la propiedad de quienes apenas cuentan con un pequeño patrimonio familiar y verán incrementada su carga fiscal hasta casi un 12% (tres veces la inflación), con servicios públicos de muy mala calidad, producto del abandono de la responsabilidad de los gobiernos municipales de los últimos 18 años, y que sin duda el actual ayuntamiento capitalino debe hacerles frente, pero con una política diferente a la que hoy está proponiendo. Este nuevo ayuntamiento está tratando de recomponer lo que por mucho tiempo se ha hecho mal y así debe reconocerse, sin embargo, las políticas deben ser progresivas y con alto contenido social.

Ejemplo de abandono municipal, es el que viven desde el 2000 los vecinos de Loma Dorada, donde los antros, los usos comerciales irregulares y la delincuencia, en complicidad con las autoridades estatales y municipales, han tomado como rehén a la colonia y sus habitantes. El abandono de los servicios públicos como la limpia, el alumbrado y la seguridad, la contaminación por basura y excesivo ruido nocturno, los robos a casa habitación y a vehículos, y las riñas en antros deterioran la calidad de vida de una zona residencial, que paga un impuesto predial muy alto y no recibe servicios ni atención de las autoridades, las que han permitido la mezcla de usos de suelo incompatibles, como antros, bares y discotecas que se instalan impunemente. Son un foco de delincuencia, drogas y trata de personas, que panistas y priístas han propiciado y tolerado, cómplices de las irregularidades que los vecinos denuncian hace dos décadas.

Esperamos que este ayuntamiento y el presidente municipal atiendan de una vez por todas, no sólo esta zona, sino todo el municipio.

Abogado y profesor de la facultad de Derecho, U.A.Q.

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