La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó sus resultados del ejercicio 2020.

Tras la pifia cometida el año pasado con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el organismo a cargo de David Colmenares dirigió sus investigaciones contra las universidades e instituciones educativas y ‘suavizó’ sus observaciones hacia los gobiernos.

En un análisis de las investigaciones del gasto federalizado de la ASF se expone que hasta 60% de los organismos que son considerados en los llamados pliegos de observación —irregularidades en el manejo de recursos que no pueden ser ya aclaradas—  corresponden a las universidades autónomas locales y colegios de bachilleres, a pesar de que, en palabras del propio Colmenares, las revisiones que se hicieron a estos entes representan menos de 20% de las 482 revisiones que se hicieron a instancias locales, como entidades federativas, congresos estatales, municipios y alcaldías.

De los 4 mil 141 millones de pesos que la ASF establece como irregularidades de los entes locales, alrededor de 83% corresponde a las observaciones realizadas a instituciones educativas, mientras que sólo 700 millones de pesos se les imputan a Poderes locales, con casos muy extraños, como el gobierno del estado de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, con sólo 102 millones de pesos en observaciones; el gobierno del estado de Michoacán, de Silvano Aureoles, con 48 millones de irregularidades; el gobierno del estado de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con 20 millones de pesos observados, y el gobierno del estado de Baja California, de Jaime Bonilla, con 5 millones de pesos.

Por el contrario, en las revisiones de la ASF se evidencian casos como el de la Universidad Autónoma de Coahuila, a la que le imputan irregularidades por 554 millones de pesos; el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, con casi 450 millones de posible desfalco; el Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero, con 434 millones, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo —ligada a Gerardo Sosa Castelán—,  con observaciones por 380 millones de pesos.

Los resultados generan sospechas en el rubro de las solicitudes de aclaración, donde se registra un monto de 6 mil 340 millones de pesos, de los cuales 97% corresponde a posibles irregularidades de gobiernos estatales, congresos y municipios, mientras que sólo 167 millones se desprenden de auditorías realizadas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De los casi 10 mil 500 millones de pesos que se detectaron como irregularidades en las revisiones del gasto federalizado, casi 60% corresponde a aquellas que los Poderes locales podrán solventar con una visita a la ASF, mientras que   el   40% restante corresponde en su mayoría a malos manejos de las universidades susceptibles de sanción.

La respuesta es simple: o se sigue en la presente administración el esquema de la Estafa Maestra, o la academia sigue sin conectar con la ideología de la 4T y por eso ha sido vapuleada una y otra vez por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los órganos supuestamente autónomos, como la ASF.