Ayer la SCJN discutió y votó el proyecto del ministro Luis María Aguilar en el que se proponía declarar la inconstitucionalidad de la propuesta de llevar a cabo una consulta popular con la pregunta de si se debe enjuiciar a los expresidentes por la presunta comisión de delitos. En este artículo quiero analizar algunos de los argumentos expuestos ayer durante la sesión, así como la conclusión de los mismos y lo que generan. Pero sobre todo quiero analizar cómo la impunidad en este país también pasa por el lenguaje y la argumentación que usan los abogados.
Para empezar, quiero dejar claro esto: me parece extremadamente preocupante el nivel de argumentación al que hemos llegado sobre un tema tan importante: combatir la impunidad en actos de corrupción. En modo alguno lo que aquí voy a exponer tiene que ver con el hecho de que las autoridades competentes deben investigar y sancionar los delitos de los que tienen noticia, sin importar qué tan populares o impopulares sean los mismos. Ayer, en lugar de discutir sobre el tema de la constitucionalidad o no de poner a consulta popular la verdad, la justicia, la reparación del daño y el debido proceso en este país, algunos de los ministros decidieron argumentar sobre la distinción entre la constitucionalidad de la materia y la obligatoriedad de la pregunta, sobre el tema de la vinculación para las autoridades de una consulta popular, sobre la conveniencia de incluir la participación ciudadana en el derecho penal, todos temas muy importantes, pero muy jurídicos y muy ajenos a lo que la gente normal entiende y a lo que originalmente se les pidió discutir.
Debido a la cerrada votación de 6 a 5 en contra de la propuesta del ministro Aguilar, se decidió reformular la pregunta para que se considerara constitucional: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Como podemos ver, después de horas de argumentaciones complejas y en algunos casos enrevesadas y falaces, se determinó cambiar la pregunta original por una completamente distinta y bastante ilegible con tal de salvaguardar su papel como garantes de la Constitución.
Qué gusto ver un interés genuino en la manera en que se plantea un problema. Nadie puede negar que la discusión respecto a temas de interés general debería ser bien recibida. Sin embargo, sí parece preocupante que ayer vimos la facilidad con que los argumentos se amoldan a la visión del poder. Los argumentos y las palabras tienen un poder muy grande para cambiar la realidad de un país, para bien y para mal: como el abuso sexual de una menor de edad que queda impune porque se determina que no hubo “actitud lasciva” de por medio. O la muerte de una mujer a manos de su exmarido porque se determina que el primer intento de asesinato se debe “reclasificar” de feminicidio a agresión. Pero también los argumentos tienen el poder de dejar las cosas intactas. Como las fortunas amasadas de forma ilegal por las personas que han incurrido en actos de corrupción.
Vivimos inmersos en impunidad e injusticia Y, ¿por qué pasa esto? Por múltiples causas: por la baja capacidad de las instituciones de justicia, por la baja denuncia, por la corrupción, por la desconfianza en las autoridades, por la desarticulación entre autoridades, por el abandono en el que han dejado a las instituciones de seguridad y justicia en el país. Sin embargo, la injusticia en este país también pasa por el lenguaje y la argumentación de algunos abogados y operadores del sistema. Tan solo basta leer algunas carpetas de investigación y sentencias para corroborarlo. Lo que vimos ayer refleja una alta capacidad argumentativa de temas complejos por parte de abogados, quienes se autonombraron los guardianes de la justicia, para defender lo indefendible con el propósito de acomodarse al discurso popular en turno y no cambiar en modo alguno las cosas. La pregunta reformulada ayer por la Corte es en exceso confusa y ambigua. El problema de todo esto radica en que las cosas siguen igual, los corruptos siguen libres, el dinero robado sigue en cuentas extranjeras y los operadores del sistema de justicia siguen cómodos en su ineficacia y su corrupción. Por no ver las verdaderas causas del problema de la impunidad en el país nos quedamos con lo mismo, con una pregunta nueva y con la misma impunidad e injusticia para estos casos.
