Desde finales del siglo pasado ya se mencionaba la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para sustituir al Benito Juárez que ya resultaba insuficiente para la demanda de vuelos en la zona metropolitana de México. En un principio se plantearon dos opciones: Tizayuca en Hidalgo o Texcoco en el Estado de México.

En octubre de 2001, el presidente Vicente Fox anunció que la nueva obra se construiría en la zona de Texcoco, lo cual generó una inmediata oposición de los campesinos de los municipios cercanos a donde se edificaría el aeropuerto, San Salvador Atenco se convirtió, así, en el foco de atención.

Dichas comunidades se agruparon en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) con el objetivo de defender sus comunidades, pues muchos serían despojados de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto; esto sumado a la denuncia del daño ambiental que pudiera causar en la zona.

Vicente Fox fue incapaz o no quiso mediar con los campesinos, por lo que la protesta fue creciendo y ampliando su base social. El 2 de mayo de 2006, en pleno año electoral, lo que sería un desalojo mal ejecutado contra comerciantes de flores en Texcoco desembocó en nuevas protestas de los pobladores que creció en intensidad hasta llegar a bloqueos de carreteras.

La respuesta del gobierno estatal encabezado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto fue la violencia. Un operativo para romper el bloqueo carretero desembocó en más violencia. La consecuencia: dos personas muertas en el desalojo y 200 detenidos. Una de las peticiones que hacían los integrantes del FPDT era que se abriera a la discusión pública la construcción del nuevo aeropuerto.

Ya siendo presidente de la República, Peña Nieto revivió la idea de construir el aeropuerto igualmente en Texcoco. Sin escuchar las opiniones de que construir un aeropuerto allí generaría un problema ambiental; sumado a lo costoso, porque el terreno era el lecho de un lago, Peña anunció a México y al mundo que el nuevo aeropuerto se construiría.

Ahora, el nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha puesto el dedo en la llaga de nueva cuenta. Desde campaña cuestionaba la construcción de ese aeropuerto, no porque no fuera necesario sino porque, como todo lo del sexenio de Peña, olía a corrupción. Enfrentado con los empresarios que están a favor del proyecto, AMLO ha propuesto una alternativa menos costosa: ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía, mantener el Aeropuerto Benito Juárez y, por tanto, cancelar el proyecto en Texcoco. Para ello, ha anunciado una consulta, la cual, en principio considero positiva.

Sin embargo, ha generado polarización. Que si es un asunto meramente técnico y nadie más debe de opinar. Que el pueblo no sabe nada de aviones. Y hasta los radicales que dicen que solo deberían opinar los que usan regularmente el servicio aéreo.

Considero positiva dicha consulta porque abre a la discusión pública un tema que hasta el momento solo había decidido la élite política y económica de este país. Mi único cuestionamiento sería sobre la forma en que se haría dicha consulta: ¿qué mecanismos se utilizarán? ¿La apoyará el INE? ¿El resultado será vinculante? ¿O solo será una mera encuesta?

Muchas dudas, pero así es la democracia, una mar de dudas y discusión en el foro público; solo en las dictaduras existe la certeza de una voz única y el silencio en la opinión pública.

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