El lunes describí en esta columna las serias dificultades que probablemente genere la crisis del coronavirus a las bandas de la delincuencia organizada. Si ese escenario se materializa, habría un debilitamiento temporal, pero significativo, de los grupos criminales.

Terminé el texto sugiriendo que el Estado debería aprovechar esa oportunidad para debilitar estructuralmente a las bandas delictiva y transformar la relación entre la población y las autoridades.

¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Van algunas ideas tentativas:

1. Utilizar a las policías, particularmente las municipales, para la provisión de servicios diversos a la población durante la emergencia sanitaria. Esto podría incluir desde la atención a adultos mayores aislados de sus familias por la cuarentena hasta la distribución de víveres en comunidades con pocos servicios, pasando por apoyo logístico a las instituciones de salud. Todo lo anterior se tendría que hacer con estrictos protocolos sanitarios para evitar la transmisión del virus, pero abre una oportunidad inmejorable para acercar a la policía con los ciudadanos.

2. Dar atención prioritaria a casos de violencia en el hogar. Una cuarentena estricta probablemente reduzca el número de delitos en la calle y aumente el número de agresiones en el seno de la familia. Eso obliga a redireccionar recursos hacia casos de violencia intrafamiliar, pero además tiene la virtud de prevenir casos de feminicidios y agresiones sexuales, y sacar de circulación a individuos violentos.

3. Cerrar giros negros y comercios vinculados al crimen organizado. Desde hace muchos años, las autoridades tienen identificados establecimientos comerciales (bares, tables, etc.) que sirven de fachada a la delincuencia organizada y que están vinculados a diversas actividades criminales, desde trata de personas hasta tráfico de armas. La emergencia sanitaria crea una oportunidad insuperable para clausurarlos en definitiva. Lo mismo vale para mercados de bienes ilícitos o robados.

4. Desplegar a la Guardia Nacional, junto con brigadas médicas, en comunidades apartadas donde resulta imposible el acceso a unidades de salud. Esto le permitiría a la GN crear puestos de avanzada en regiones donde el Estado ha tenido presencia frágil y donde no hay más autoridad que la representada por grupos armados irregulares, algunos con clarísima deriva criminal.

5. Promover la integración de redes vecinales de información y apoyo mutuo, dirigidas inicialmente a combatir la pandemia y proteger a las personas más vulnerables (los adultos mayores, por ejemplo), pero dirigidas posteriormente a la vigilancia comunitaria y que puedan nutrir a las policías de inteligencia sobre actividades delictivas.

6. Experimentar masivamente con denuncias en línea o directamente con la policía. Durante una cuarentena, va a ser muy difícil que las personas acudan a una agencia del Ministerio Público para denunciar un delito, pero sí podrían recibir una visita de la policía o realizar una denuncia en internet. Esto permitiría crear la capacidad para movernos en definitiva hacia un sistema donde la denuncia ya no pase por el Ministerio Público.

Estas no son más que ideas tentativas que requieren múltiples rondas de ajuste. Si no gustan o no parecen prácticas, que vengan otras. Pero lo que sí resultaría imperdonable es desaprovechar la oportunidad que ofrece la actual crisis para construir un Estado más robusto y más legítimo.

Nota

en mi artículo, olvide darle crédito a Deborah Bonello, la autora del reportaje de Vice News sobre el impacto de la crisis sanitaria en las operaciones del narcotráfico. Una disculpa. Les dejo la liga a la nota: https://bit.ly/3drNBQe.

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