Apostillas sobre la legalización de la marihuana

Jorge Herrera Solorio

1. ¿La legalización de la marihuana? Al margen de cualquier consideración moral, a partir de la publicidad que se le dio la semana pasada a la propuesta del ministro queretano Arturo Zaldívar de declarar la inconstitucionalidad de los artículos relativos de la Ley de Salud que establecen restricciones a dicha droga, lo evidente es que la cannabis sí se encuentra legalizada en cuanto a su uso y consumo de naturaleza personal en el ordenamiento preindicado.

Se permite el uso, consumo y traslado de la marihuana y otras drogas en las cantidades que establecen los artículos de la Ley General de Salud.

Las expresiones de las normas que regulan la conducta humana se manifiestan siempre bajo tres maneras que los teóricos del derecho han llamado enunciados deónticos: la prohibición, la permisión o la obligación. En toda ley encontramos cualquiera de estas tres modalidades; pueden combinarse, esto es permitir o prohibir algo parcialmente, lo que implica una restricción o prohibición al abuso o excesos.

También es claro que el legislador al usar cualquiera de las modalidades preindicadas al crear o reformar las leyes lo realiza tomando en consideración, en su calidad de representante social, supuestamente, el querer o el deseo social, o sea lo que la sociedad pide se regule o norme de la conducta de los hombres.

La discusión sobre la desregulación penal de la marihuana, como droga prohibida, ha estado latente bajo diversos argumentos: de seguridad pública, de salud, naturaleza médica, social, política y recientemente en Estados Unidos, como un medio recreativo o lúdico, en donde varios estados han eliminado la prohibición de su uso y consumo.

En el fondo del tema de la ponencia formulada por el ministro y que se llevará a discusión la semana en curso, en la Corte subyace la omisión legislativa de expresarse en función de lo que está sucediendo en otras partes, pero que tiene muchas implicaciones en nuestro país, como Holanda, Estados Unidos, Uruguay, etcétera, de ahí que a través de la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Salud, vía amparo, se pretende dejar sin efecto, parcialmente al menos, los artículos de la Ley de Salud cuestionados por los proponentes del amparo.

Por otro lado, con una suspicacia rayana en el sospechosismo (palabra incorrecta gramaticalmente, pero de moda) el periódico Reforma la semana pasada difundió la idea de que la ex esposa del ministro Zaldívar era una de las dirigentes de la organización que promovió el amparo en cuestión, sembrando la duda de si habría parcialidad o favoritismo.

A lo anterior se sumó la duda de si el posponer la discusión y decisión de la resolución era por los mecanismos de presión de sectores sociales que se oponen a dicha “legalización”; ya precisé que no es lo correcto para referirse a lo discutido y litigado, vía amparo.

Esperemos que esta semana se lleve a cabo la discusión y votación de la ponencia del ministro Zaldívar y se eliminen las suspicacias generadas y con ello, el tema de la prohibición del uso y consumo de la marihuana se retome por el órgano encargado de regularla o desregularla: el Congreso de la Unión; para que mediante consultas populares o referéndum, o el medio que considere conveniente, lo someta a discusión y análisis popular, escuchando las expresiones sociales y se defina lo que el pueblo mexicano desea en torno a tal temática.

El mérito del ministro es poner en el tapete de la discusión el tema en cuestión y ojalá sus compañeros ministros entiendan el momento social.

Apostilla: El asunto de las drogas prohibidas, el aborto y la eutanasia son temas frontera, en los que los legisladores tienen mucho miedo a expresarse por perder el clientelismo electoral. Tal cuestión debe ser superada y abordarse como una necesidad social de un Estado democrático y constitucional.

Maestro en la Facultad de Derecho de la UAQ

@JorgeHerSol

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