La propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador ha generado un acalorado debate. ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Se trata de una amnistía en el sentido estricto de la palabra, de indultos a ciertas personas específicas o de un mecanismo transicional de justicia? En las fechas posteriores al debate, algunos de sus asesores y el propio Obrador han intentado aclararlo. En la entrevista que se le hizo en el Tecnológico de Monterrey, el candidato habló de campesinos que siembran amapola a falta de otros cultivos económicamente viables. Se ha hablado también de mujeres transportistas de sustancias ilícitas y de los grupos sociales más vulnerables: jóvenes pobres qué sólo encuentran ingresos en el crimen.

La propuesta no es nueva. En 2015, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa a favor de las personas sentenciadas por consumo o posesión de marihuana. En 2017, Jorge Álvarez Máynez presentó otra para indígenas a quienes no se les hubiera garantizado el acceso a la lengua de la que son hablantes. Hace unos días, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una ley de amnistía para personas que fueron detenidas, procesadas o sentenciadas en el contexto de manifestaciones públicas entre 2012 y 2015.

La propuesta de liberar a personas injustamente encarceladas es acertada. Muchos encarcelados están ahí por delitos cuyas detenciones se realizaron en flagrancia, porque son los más fáciles de detener. El discurso político de la mano dura ha agravado el problema. Sin interesarse por los efectos negativos que pudiera generar, gobierno tras gobierno ha hecho de la expansión del sistema penal y el encarcelamiento su principal bandera contra la inseguridad, pero el efecto ha sido contraproducente. El sistema penal, que rara vez castiga a los culpables, empobrece, aún más, a quienes procesa y a sus familias. Genera, además, la percepción de injusticia y falta de legitimidad de las instituciones penales.

Si lo que se busca es la justicia social, es difícil no estar de acuerdo con una propuesta de amnistía a campesinos, indígenas, jóvenes o mujeres transportistas. Las propuestas, sin embargo, apenas rascan la superficie. Sin cambios reales a las instituciones que llevaron a que estas personas fueran encarceladas, los espacios penitenciarios liberados serán llenados nuevamente con otros. Sin fiscalías funcionales, sin policías bien capacitados, sin defensores públicos preparados, sin una política de drogas inteligente, la libertad que cualquier amnistía conceda será coartada.

La amnistía no basta ni resuelve el problema de fondo, pero es un buen comienzo. Por ahora sirve para traer al debate el complejo problema que hoy nos ahoga: un sistema penal disfuncional y una política de drogas indefendible.

División de Estudios Jurídicos. CIDE.