Finales de noviembre de 2020. El presidente habla de la alianza entre PRI, PAN y PRD:

“Se están agrupando, se están uniendo porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás”.

En su gira por Baja California, se refiere una y otra vez a la alianza y a las elecciones intermedias: “Van a ser muy importantes porque los conservadores van a querer regresar, regresar al manejo faccioso delpresupuesto, para que no le llegue el apoyo a la gente.

“Eso es lo que vamos a resolver el año próximo”, dice. “Yo estoy seguro de que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas, le van a ganar al partido conservador, al partido de la corrupción, al partido de los privilegios”.

Con base en los artículos 41 y 134 de la Constitución, que impiden al presidente intervenir en las elecciones y lo obligan a respetar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, el INE emitió una medida cautelar, de tutela preventiva:

Le ordenó a Andrés Manuel López Obrador que se abstuviera de hacer declaraciones de índole electoral, que dejara de utilizar los espacios de comunicación oficial “y las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.

Finales de diciembre de 2020. El presidente vuelve a la carga en una de sus “mañaneras”: “Lo que les importa es que no tengamos, quienes apoyan al gobierno, quienes están llevando a cabo la transformación, que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados… Va a ser una elección interesantísima porque la gente va a decidir. ¿Qué quieren?, ¿más de los mismo o retrocesos, o quieren que sigamos adelante?”.

Vino una segunda medida cautelar, esta vez de tutela inhibitoria: se le ordenó a López Obrador que se abstuviera de realizar actos que implicaran “la posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional”.

Se emitió también una medida cautelar por parte del Consejo General, que ordenó que el presidente de la República se abstuviera de hacer manifestaciones de naturaleza electoral “y que impliquen la posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad”.

En abril de 2021, dos semanas después del inicio de las campañas, López Obrador presumió, en otra mañanera, logros de su gobierno: “Se están dando becas, se está apoyando a los productores del campo, se están entregando pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad… en Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos… Beneficiarios, un millón seiscientos setenta y tres, es probable que casi todos los hogares de Chiapas estén recibiendo cuando menos un apoyo”.

Vino una nueva medida de tutela preventiva: se pidió al presidente que se abstuviera de realizar actos de difusión de propaganda gubernamental durante la veda, para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad.

En ninguna de estas ocasiones se cumplieron las medidas impuestas por el INE.

En todos los casos, la Sala Regional Especializada del TEPJF revocó las medidas cautelares y declaró la “inexistencia de la infracción”, alegando que el titular del Ejecutivo no vulneró en sus declaraciones los principios de imparcialidad y neutralidad: se trató solo, según la Sala, de una opinión circunstancial, provocada por los cuestionamientos de los periodistas, y amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión.

En los cuatro casos, la Sala Regional solapó actos de carácter inconstitucional cometidos por el presidente de la República. Al mismo tiempo, la Sala Superior del TEPJF, validó las decisiones de la Sala Regional y los votos emitidos por los jueces electorales Rubén Jesús Lara Patrón (vinculado al senador Ricardo Monreal) y Luis Espíndola Morales (vinculado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto).

Solo la magistrada Gabriela Villafuerte Coello sostuvo que las infracciones existieron.

De ese modo fue como se avalaron las intromisiones del presidente de México en los procesos federales y locales que se avecinan: mediante el uso de una argumentación jurídica torcida, y leída a contrapelo de lo que las leyes estipulan.

Amparado en sus opiniones “circunstanciales”, el presidente subió la apuesta: admitió un nuevo delito electoral: que tiene metidas las manos en las próximas elecciones.

Sabe que en la Sala Regional tiene vía libre, que ya nada ni nadie lo para.