Revestida de “ejercicio ciudadano” y encaminada a dar legitimidad a la decisión que finalmente tome el futuro presidente, la “consulta popular sobre el nuevo aeropuerto” es en la realidad el instrumento con el que Andrés Manuel López Obrador no sólo traza un nuevo estilo de gobernar a partir del 1 de diciembre, sino que también utiliza el proyecto más grande y ambicioso del agonizante sexenio peñista, para mandar un “mensaje de fuerza y de autoridad” a los empresarios más ricos de México, que durante los últimos seis años, y aún atrás en los reciente sexenios, dominaron, manipularon y sometieron al Estado y a los presidentes mexicanos para anteponer sus intereses y negocios por encima del interés público y general de la sociedad.
El mensaje implícito al someter a consulta una inversión de infraestructura tan importante y millonaria, es decirles a los grandes capitales mexicanos —y de paso mandar también el mensaje a los extranjeros— que el nuevo presidente y su gobierno no van a someterse a los intereses del capital ni a ponerlos por encima del interés mayoritario de la población. “Aquí mando yo y las cosas van a cambiar a partir del 1 de diciembre”, es la posición que quiere transmitir el nuevo titular del Ejecutivo, a partir del diagnóstico interno de que los poderosos “dueños del dinero” se convirtieron en un “poder real y de facto” que, al amparo del dominio del mercado y la globalización, coparon al Estado mexicano y corrompieron a sus gobernantes con la fuerza del dinero, imponiéndoles un modelo económico y de desarrollo que privilegió los intereses y ganancias económicas sobre el bienestar de las mayorías.
Por eso la reacción y la tensión que ha provocado el tema del aeropuerto y la consulta popular en buena parte de las cúpulas empresariales y de los grandes capitales que se enriquecieron a partir de las privatizaciones del modelo neoliberal con Salinas y Zedillo, pero que desde Vicente Fox, Felipe Calderón y especialmente con Peña Nieto, se convirtieron en los mandamás que controlaron a la Presidencia, impusieron e impulsaron políticas públicas y decisiones de Estado lo mismo en temas como la Educación pública que en Telecomunicaciones, en el privatizado sector energético y por supuesto en las obras o inversiones de infraestructura.
Entre el pozo incendiado y la novia enojada. En esa lógica del “manotazo” y la demostración de autoridad, López Obrador no tiene reparo ni problema en impulsar y ejecutar una consulta que no es el fin en sí mismo sino el instrumento para lograr su objetivo. Si no hay controles ni rigurosidad total en el ejercicio, no es lo que necesariamente se buscaba y eso se suple, según la visión lopezobradorista, con el valor de concitar el apoyo popular y demostrar que, junto con la confianza de un importante sector de la población —75.2% de los mexicanos le da su aprobación a cuatro meses de ganar las elecciones (Enkoll encuesta “Amlómetro, 24 de octubre 2018)— está el respaldo y la legitimación no sólo de la acción, sino de la decisión, cualquiera que se tenga que tomar para que los poderosos empresarios entiendan el mensaje y la lección.
Esa es la razón por la que consulta no fue en un día sino en cuatro y por eso el mensaje reiterado y el efecto que busca el gobierno electo no es económico sino totalmente político. A la gente se le pide que vote, que tenga confianza y participe porque “queremos que todos decidan y no sólo uno”; pero a los dueños del dinero se les pide “serenidad, que se calmen y se acostumbren a las consultas” y se les ofrece que serán los primeros en saber la decisión mayoritaria que se tome y que “no se preocupen porque se les van a garantizar sus contratos y sus inversiones”, pero tendrá que ser en el lugar y en el modo que lo decida el nuevo gobierno.
Cuatro días y la presión de la participación popular —por encima de las críticas y cuestionamientos por fallas de seguridad en la consulta— serán suficientes para que al momento de que López Obrador se reúna con los inversionistas y les anuncie antes que a nadie “la decisión del pueblo”, los millonarios estén lo suficientemente abiertos y dispuestos a aceptar lo que el próximo presidente les proponga, ya sea la continuidad de Texcoco, con un esquema distinto y en el que se elimine cualquier vestigio del sello y el negocio del Grupo Atlacomulco y del priismo mexiquense, o la materialización de un nuevo proyecto aeroportuario con la ampliación de Toluca y las nuevas pistas en Santa Lucía.
Y en eso radica en estos momentos el ejercicio de fuerza del futuro gobernante: que está dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar, incluida la costosa cancelación de Texcoco, que no desea pero tampoco tiene problema en hacerla, para que a los tiburones del dinero les quede claro que se terminó su poder fáctico y que a partir de ahora el gobierno manda y decide en los asuntos públicos y ellos pueden seguir teniendo garantías para invertir y hacer negocios, pero siempre bajo las reglas y las normas que marque la autoridad y sin “comprar” ni someter al poder político.
Para resumir lo que está haciendo Andrés Manuel con su consulta, hay dos formas en que lo explican en su equipo más cercano: una es el modelo del “pozo petrolero” que cuando ya no funciona y deja de servir hay que incendiarlo y dinamitarlo para poder construir una nueva torre y hacer que nuevamente produzca (eso es algo similiar a lo que ya le aplicó López Obrador al PRD cuando se cansó de las tribus y decidió salirse para fundar Morena); y el otro lo dijo ayer más coloquialmente el influyente futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo: “Es como cuando la novia te corta, te pones muy nervioso hasta que te contentas”, comentó para explicar el nerviosismo de los mercados y de los empresarios por la consulta lopezobradorista.
Es decir que, utilizando ambos ejemplos, el presidente electo está dinamitando el actual poder de facto logrado por los grandes empresarios en México para reconstruir una relación distinta en la que se restaure la separación entre el poder político, del gobierno, y el poder económico, de los dueños del dinero, que en el México de las últimas décadas se volvió simbiótico y nocivo para el interés mayoritario. Y al mismo tiempo, como el novio o la novia que cortan a la pareja para ponerla a prueba y que entienda quién lleva las riendas en la relación, así López Obrador cortó su luna de miel con el empresariado para que entiendan quién va a poner las reglas en el próximo sexenio.
Notas indiscretas… En los corrillos de la Suprema Corte ya se da por hecho que el nombre de la magistrada Yasmín Esquivel aparecerá en la terna que será enviada al Senado a partir de noviembre próximo, para la vacante que dejará el ministro José Ramón Cossío. La presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no oculta sus vínculos directos con López Obrador y mucho menos su matrimonio con el empresario José María Rioboo, uno de los más fuertes impulsores de la opción de Santa Lucía en la discusión del nuevo aeropuerto. Y es que esta semana, en un artículo que publicó en EL UNIVERSAL, la magistrada dejó en clara su visión de llegar a la Corte, al hablar de la necesidad de “acabar con la corrupción” que priva en el Poder Judicial de la Federación, “ya que en la administración que llega estos temas sensibles que aquejan a la población serán urgentes”. Para Yasmín Esquivel no hay duda de que la prueba más reciente de ese mandato se dio en las urnas, donde “fue apabullada” la administración del presidente Peña Nieto, y es evidente que para dar pasos adelante en el Poder Judicial es necesario que haya voluntad política. ¿Así o más claro que llegaría a la Corte?.. Por cierto que también en los ámbitos jurídicos, pero del derecho particular, se ha visto en fechas recientes reunirse a varios “connotados” abogados, de los más fuertes en el país, como Alonso Aguilar Zínser, José Luis Nassar, el ex procurador Raúl Cervantes y el ex consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, que se están asociando para crear una especie de holding de abogados o un “megadespacho” en el que cada uno de ellos mantendría su firma particular, pero compartirían clientes y se complementarían en sus ramas de especialidad, penal, civil, privada, empresarial, agrario. Dicen que los acuerdos van avanzados y a ese nuevo y poderoso grupo también podría llamársele “el cartel de los abogados”, claro que hablando en términos económicos, no sean mal pensados… Escalera doble de los dados. Semana redonda.
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