Tres hechos ocurridos este viernes representan un buen termómetro para medir cómo va el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus distintos ámbitos de responsabilidad y actuación, a dos meses y medio de su arranque: con un éxito boyante y popularidad creciente en la política interna, donde el presidente suma aprobación en las encuestas; con una débil y cuestionada política exterior escudada en el “respeto” y en una rígida interpretación constitucional, mientras debilita la imagen del país hacia afuera; y con un escepticismo y desconfianza creciente de su política económica que no convence a inversionistas nacionales ni extranjeros y amenaza con degradar la calificación financiera del país.
En política exterior, la “Declaratoria de Emergencia” de Donald Trump, con todo y sus polémicas razones y su agresivo discurso que habla de una “invasión de drogas y migrantes indocumentados” a los Estados Unidos, significa un nuevo revés y un golpe más a México y a los mexicanos, sin que el gobierno mexicano respondiera ni fijara una posición. Si bien se trata de una acción fantasiosa y electorera y una decisión de política interna estadounidense, que incluso es descalificada por el Congreso de Estados Unidos, el problema es que ubica a nuestro país y a los mexicanos como la “peor amenaza para los Estados Unidos”; el silencio del presidente y de su cancillería es un nuevo yerro de una política exterior que, sumada a su errática posición en Venezuela, empieza a verse tibia y timorata, y lejos de fortalecerla, deteriora la imagen internacional de la nación.
Muy distinto a lo que ocurre en la política interna, donde la imagen del presidente —que no necesariamente del gabinete— se fortalece y sigue ganando aprobación popular con decisiones como la de visitar ayer el municipio de Badiraguato, cuna del Cártel de Sinaloa y de sus capos históricos, incluido el recién declarado culpable Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ningún presidente de la historia reciente tuvo el valor de visitar el punto neurálgico del “Triángulo Dorado” de la marihuana y la amapola en el país y menos para anunciar, en medio de una recepción apoteósica de gente volcada a ver por primera vez a un presidente pisar su tierra, una obra pública como una carretera que los comunicará con el vecino estado de Chihuahua.
López Obrador, cuya visita a Badiraguato se da sólo acompañado de los guardias de su ayudantía, pero con patrullajes de unidades artilladas del Ejército mexicano en los alrededores del pueblo, llegó con un cálculo político claro al pueblo del Chapo Guzmán, a unos días de que lo declararan “culpable” de 10 cargos en los Estados Unidos donde le espera la cadena perpetua. Su presencia tuvo un doble mensaje: por un lado de “reconciliación y no violencia” a los grupos del Cártel de Sinaloa, tras su declaración de que “se acabó la guerra contra el narcotráfico”, y por el otro de reivindicación a los habitantes de un municipio que pide “no estigmatizar” porque “también aquí vive gente trabajadora y honrada”, y no todos son narcos. El éxito político de esa visita es total.
Pero mientras políticamente gana confianza, en lo económico su gobierno no logra convencer y, con señales de “alerta” desde el extranjero, más bien aumenta el escepticismo y la desconfianza en la viabilidad de su política financiera. Su anunciado “Plan para rescatar a Pemex” y salvarlo de un mayor endeudamiento y de la pérdida definitiva de la calificación de los inversionistas extranjeros, no logra el efecto deseado y es visto como “insuficiente” por analistas y calificadoras internacionales.
Con todo y los 5,700 millones de dólares de capitalización que ofrece inyectarle a la empresa pública por vía de ahorros, reducción de cargas fiscales y resultados del combate al robo de combustibles, el gobierno de López Obrador no satisface la expectativa de los inversionistas que hablan de 12 y 13 mil millones de dólares para garantizar que Pemex no se siga endeudando y pueda detener su producción y sus reservas. El dólar sufre su peor revés de los últimos meses y la propia petrolera nacional pierde en sus bonos, en lo que algunas firmas financieras internacionales, como Citibanamex llaman el “segundo strike” o la segunda llamada de alerta para que Petróleos Mexicanos no sea visto como una empresa sin viabilidad financiera y México pueda perder su grado de inversión en los próximos meses.
Así, visto a partir de tres hechos y acciones concretas de ayer, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación exhibe y muestra cuáles son sus mayores fortalezas pero también en donde están sus debilidades en el arranque de la administración. ¿Habrá correcciones y rectificaciones necesarias y urgentes en lo que no está funcionando y fortalecimiento de lo que sí da claros resultados? Eso sería lo deseable, de lo contrario, el de López Obrador será un gobierno con un paso desigual y disparejo que, mientras es visto como cada vez más fuerte políticamente y se ve casi como “blindado” a los ataques o la acción de sus opositores y detractores internos por su creciente popularidad y respaldo social, cojea en su imagen externa y provoca cuestionamientos sobre debilidad o falta de definición y contundencia en su política exterior, mientras que en lo económico y financiero, de plano empieza a generar incertidumbre interna y externa, con amenazas de degradaciones y descalificaciones desde las agencias financieras internacionales que pueden provocar un severo daño a la confianza en la economía y fortaleza financiera del país.
Notas indiscretas… Anoche estaban convocados en la Secretaría de Gobernación los 12 gobernadores del PAN para discutir la Guardia Nacional. Pero aunque confirmaron todos su asistencia, ninguno acudió a la cita y le dieron tremendo plantón a la secretaria Olga Sánchez Cordero y a los subsecretarios Alejandro Encinas y Zoé Robledo. Una operación del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que les pidió a los gobernadores respetar la posición del CEN de no negociar ni aceptar la nueva institución de seguridad militarizada, fue la causa de la descortesía panista y de que todo se quedara listo en el salón de Bucareli donde se llevaría a cabo el cabildeo y la negociación con los mandatarios blanquiazules… Con una claridad intelectual y una determinación que se ve en muy pocos miembros del gabinete federal, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explica los tres ejes sobre los que trabaja la dependencia a su cargo: el avance del programa “Jóvenes con Futuro” que ya lleva 2 millones de solicitudes y prevé, tras el proceso de revisión, aceptar y ubicar en empleos a 1 millón 400 mil jóvenes aprendices para agosto de este año; la conclusión e implementación de la Reforma Laboral de 2017 con la redacción y aprobación de la Ley Secundaria en el Congreso, para cambiar, entre otras cosas los mecanismos e instituciones de la justicia laboral y conciliatoria, además de impulsar el aumento de 16% anual del salario mínimo; y la parte más política y compleja que empujará la STyPS: la implementación y el avance de la libertad de afiliación sindical y las elecciones abiertas y democráticas de los dirigentes sindicales, además de la negociación colectiva de los contratos y toda la nueva cultura sindical derivada de los convenios 98 y 87 de la OIT relativos, precisamente, a los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva de los trabajadores. Para acompañarla en esa nada fácil agenda, la joven secretaria tiene a dos políticos de experiencia y oficio como subsecretarios: Alfredo Domínguez y Horacio Duarte… Paran los dados. Escalera doble. Buena semana.
