La SCJN ordena a los legisladores federales especifiquen cuál es en verdad el salario del Presidente de la República, después de emitir la ejecutoria que declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Remuneraciones. La polémica y molestia que se ha suscitado entre el personal que labora para los tres Poderes Públicos, sobre todo la indignación que causó por atentar en contra de derechos laborales que se fortalecieron por medio de contratos colectivos de trabajo, conocidos como derechos extralegales. El hecho de pretender que nadie tenga un salario superior al del Presidente de la República, es por demás ilegal, cuando que este servidor público goza de otra serie de prestaciones que nadie tiene y no son consideradas al momento de tasar el monto salarial. Por eso los ministros exhiben a los legisladores federales al obligarlos a la acumulación de todas estas prestaciones al salario neto del Presidente. Si quieren que haya igualdad, entonces que se utilice la misma medida legal y no sean parciales. López Obrador recibe apoyos extraordinarios como alimentos, habitación, teléfono, viáticos, gasolina, etcétera; beneficios que no reciben otros servidores.

Advertimos de la “chicanada” de los legisladores federales, quienes sabían que perderían en juicio de inconstitucionalidad, de ahí que reformaron la ley cuando ésta era combatida jurídicamente por cientos de afectados por la nueva norma, ley que fue literalmente cambiada para que no prosperara el litigio. Por eso no se logró la inconstitucionalidad de la ley, más de dos terceras partes fueron reformadas, se trataba entonces de una ley distinta. De ahí que al final solo 2 artículos fueron declarados inconstitucionales. Otro ministro propuso que también estudiaran los nuevos artículos, argumento que no fue aceptado, hubiese sido ilegal estudiar preceptos que no existían en el momento de la impugnación y resolver sobre preceptos inexistentes en la “vida jurídica” al momento de la presentación de los juicios de inconstitucionalidad. Jugada dolosa de los legisladores. Y es que, por las prisas aprobaron una iniciativa de ley que dejaron en el cajón de los asuntos no resueltos; era tan aberrante la redacción que, entre otras fallas, aun contemplaba al DF o al salario mínimo, por eso se dieron a la tarea de reformarla de inmediato.

Por eso lo interesante de la ejecutorio de la SCJN, que no pudieron declarar la inconstitucionalidad de la ley por la “chicanada” de los legisladores; ahora, los Ministros les imponen la obligación de desmenuzar todos los beneficios que recibe el Presidente de la República, deberán de legislar en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Al respecto Andrés Manuel López Obrador, se quejó de la sentencia, públicamente respondió a los ministros, al decir: “claro que les vamos a contestar”. Lo que ignora el presidente (como tantas otras cosas) es que, la obligación no es para él, es para los legisladores, los creadores de la ley, sobre todo los diputados federales, responsables de la distribución del gasto del presupuesto público para su ejercicio; no es para el Presidente la obligación, pero él se puso “el saco”. No, no será el Presidente quien diga qué otros beneficios económicos recibe del presupuesto público, tendrán que ser los legisladores. Golpe certero de los ministros. Bajo esa misma medida, sí se podrá hablar de equidad en la norma jurídica, equidad inexistente en este momento para poder tasar si algún servidor público gana más que el Presidente de la República. Hasta ahora la norma impugnada no es general en este sentido. Si el Presidente recibe otros beneficios, estos deben acumularse al salario. Esto pondrá en evidencia al Presidente: gana mucho más de lo que dicen.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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