El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es un muerto viviente, simple y sencillamente porque para Pemex, la empresa paraestatal que le dio vida y legitimidad durante casi ocho décadas, no existe más en el ámbito legal; desapareció con la reforma energética que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto.

La idea de desaparecer, o bien sustituir, al sindicato que es herencia del priismo, empieza a rondar en Palacio Nacional, donde cada vez son más las voces que recomiendan extirpar de una vez por todas al organismo; el mismo al que, sin personalidad jurídica, le dieron vida artificial en la administración de Enrique Peña Nieto e incluso en la del panista Felipe Calderón.

Los próximos 30 días serán determinantes para tomar una decisión al respecto, pues se corre el riesgo de que, en la celebración del aniversario de la expropiación petrolera el pró   ximo 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador comparta reflectores con un sindicato acéfalo o, peor aún, controlado aún por Carlos Romero Deschamps a través de su extesorero Manuel Limón.

En términos puramente jurídicos, el sindicato petrolero nació durante la presidencia de Lázaro Cárdenas como una representación de los trabajadores para la también creada en empresa paraestatal (Pemex), dedicada a “explorar, extraer, procesar y comercializar la riqueza de hidrocarburos contenida en el subsuelo y aguas de la jurisdicción territorial de México”.

No obstante, con las modificaciones realizadas al artículo 25 Constitucional en 2013, confirmadas en las leyes secundarias de 2015, el estatus legal de la petrolera oficial cambió. Incluso la denominación Pemex dejó de existir para abrir paso a la figura de Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales.

El hecho no pasó desapercibido en aquel momento para la dirigencia de Romero Deschamps, pues el rediseño jurídico de la actividad petrolera representaba, de entrada, la desaparición en las nuevas empresas del lugar que el sindicato de trabajadores tenía en el Consejo de Administración, una posición que mantuvo el gremio desde 1938.

La anuencia de Carlos Romero para perder estos privilegios tuvo que ver con la promesa del gobierno de Peña Nieto, y más específicamente del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, para que a cambio de perder su posición rectora en la industria mantuviera el control de los casi 100 mil millones de pesos que se entregan cada año al organismo sindical.

El presidente López Obrador lo tiene muy claro y lo ha ventilado incluso en sus conferencias mañaneras: el único vínculo entre la actual Pemex y el organismo que dirige interinamente Manuel Limón es el contrato colectivo de trabajo, ya que no existe hasta el momento una toma de nota que legalice la actuación del STPRM como estructura sindical de la petrolera.

Más aún, según fuentes del propio sindicato, la toma de nota no existe desde hace mucho tiempo, toda vez que ni Alfonso Navarrete Prida ni Roberto Campa Cifrián, secretarios del Trabajo en la última administración priista, encontraron el modelo para hacer legal el liderazgo de Romero Deschamps ante los cambios que demandaba la apertura energética.

El último gobierno que priorizó la legitimidad y hasta la legalidad del STPRM fue, otra vez, el del villano favorito de este sexenio: el de Felipe Calderón, y como si los hechos buscaran generar todavía un mayor encono en el actual titular del Ejecutivo, el último secretario del Trabajo que firmó regularmente una toma de nota al eterno líder petrolero fue el crítico por excelencia de la 4T: Javier Lozano Alarcón.

Esta carga de simbolismos ponen al sindicato petrolero en la ruta de la desaparición, y también en dichos del propio AMLO se abre la puerta para que su posición, como propietario del contrato colectivo de trabajo, sea ocupada por un nuevo organismo sindical.

De no darse este escenario, lo que sería poco probable, en la pelea por el liderazgo del sindicato están básicamente dos actores: José Rubén Rosaldo Cordero, líder de Petroleros por la Reforma Ideológica, y Mario Rubicel Ross, dirigente de la llamada Coalición Petrolera Independiente, quien afirma tener en sus manos el resultado de una asamblea representativa de la totalidad de secciones, misma que requiere únicamente el aval del Poder Ejecutivo, llámese toma de nota, para causar efecto y concretar el relevo sindical.

Posdata

Andrés Manuel López Obrador acompañó ayer a Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), en un evento multitudinario llevado a cabo en la Ciudad de México. Ahí dijo que “no tiene sindicatos favoritos”, que los respeta y que apoya la democracia sindical, y también que resolverá el “problema de pensiones” que tienen los trabajadores.

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