Circunstancialmente varios sucesos se desarrollan de manera independiente en el ámbito político en Querétaro. En estos se ven involucrados “actores importantes” de la política y el medio empresarial.

Nada extraño debe resultar si tomamos en consideración la cercanía con el inicio legal del proceso electoral 2014-2015; lo interesante es el adelanto de actos que involucran claramente a varios interesados en “brincar” de un cargo de elección popular a otro; unos más de asegurar su estancia dentro del medio político en calidad de árbitros, pretendiendo ocupar cargos dentro de la burocracia electoral, sea administrativa o en impartición de justicia; vamos, incluso el titular del organismo de procurar el respeto a los derechos humanos se convierte en un activo actor, quien sin pretenderlo “golpea” a unos de los pretensos.

Dentro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se presentaron situaciones por demás interesantes cuando al Director General de esa institución le reprueban su informe de actividades por mayoría de votos —cuatro— y ha de corregirlo para que se le apruebe sin la mayoría. Dejaron ver como gastan el dinero público en apoyos personales para cubrir gastos de estudios superiores de algunos empleados. En este aparente asunto sin trascendencia se entremezclan Consejeros Electorales que buscan ser Magistrados. Su actuación está bajo la “lupa”, además de la tramitología que llevan a cabo en instancias federales y nacionales.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, Roberto Ruíz Hernández, desconociendo perfil alguno de los candidatos independientes que podrán participar en el próximo proceso electoral sin el apoyo de partido político, se adelanta al menospreciarlos y calificarlos de débiles; aunque trata de corregir la “plana” al afirmar que la apertura es buena, ya que podría haber valiosas propuestas y la ciudadanía podrá darse cuenta qué es lo más importante. Miembros de la Cámara desde hace algunos años son activos y prolíficos en política, han dejado antecedentes de ello.

Los panistas, adelantados desde hace meses en el proceso electoral informal, ahora lanzarán una “campaña para medir simpatías”, con un enfoque eminentemente de naturaleza electoral, lo que está prohibido por la Ley Electoral del Estado. Disfrazan la campaña de penetración que conlleva la inducción. No conformes en que participarán en la designación de los Magistrados y Consejeros Electorales, ahora se abalanzan directamente con el ciudadano. Campaña de posicionamiento, así de simple.

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, con su interminable litigio en defensa de su estatus jurídico, mete en problemas al representante legal del Poder Legislativo, a grado tal que será multado por incumplimiento a un mandato del Juez de Distrito; asunto jurídico que dejó pendiente la LVI Legislatura, que hoy encierra un matiz político de envergadura insospechada. El asunto lo complican.

Ambiente político electoral tenso en el que participan órganos autónomos, partidos políticos, empresarios y uno de los Poderes del Estado. Vale y mucho que los actores calmen sus nervios, se tranquilicen y continúen en armonía en el desempeño de sus responsabilidades.

Analista legislativo