¡Benditas redes sociales! Así refirió AMLO el 1 de julio por la noche, cuando le fue reconocido el triunfo electoral. Esas mismas redes sociales hoy lo destrozan con severidad por los abusos cometidos en el fideicomiso, que denominó “Por los Demás”, formado para “ayudar a los damnificados de los terremotos del septiembre pasado”. El INE sancionó a Morena por haber incurrido en diversas irregularidades —algunas de las cuales pudieran constituir delito— y dio parte a la Fepade y a la PGR. López Obrador, iracundo e intol erante, olvidó que es el presidente virtual de México, arremetió en contra del INE, calificando de “venganza” al acuerdo que los sanciona económicamente.

Los testaferros amloistas salieron en su defensa sin éxito. Las evidencias y pruebas a las que refirió el consejero Ciro Murayama son, hasta ahora, contundentes para probar que hubo un mal manejo en la recepción de millones de pesos que ingresaron al Fideicomiso, y que ese dinero salió a nombre de militantes, funcionarios y candidatos de Morena. Fue una acción concatenada y orquestada de la cual se pudiera presumir “lavado de dinero”, por lo que el Consejo General dio vista a las autoridades investigadoras de delitos, incluso a la unidad de investigación financiera de Hacienda.

El virtual presidente de México se puso a la defensiva y aseguró que ellos no son corruptos, que se inconformarán con el acuerdo. Aseguró que todo el dinero fue a parar a manos de los damnificados, y que incluso que él mismo donó medio millón de pesos. Yeidckol Polevnsky, presidenta virtual de Morena —AMLO es el real—, tardó en reaccionar, pero adoptó la misma postura defensiva que Andrés Manuel, alejada del marco jurídico que gobierna un fideicomiso. Lo evidente: no han salido a la defensa los fideicomitentes ni los fiduciarios, que son las personas que constituyeron el fideicomiso, ¿y los beneficiarios dónde están y por qué no responden a las acusaciones? La disputa entre las partes que defienden y acusan de ser una “venganza” no atienden en lo más mínimo a la conformación legal del fideicomiso (73803), que se integra con el fideicomitente, persona física o moral que lo constituye —en este caso fueron militantes de Morena—, el fiduciario, la persona moral encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso —el Banco Afirme, cuenta 133-121765— y el fideicomisario, que son los beneficiarios de la operación mercantil: “los damnificados”.

Los beneficiarios directos no recibieron el dinero que se recaudó por vía de donaciones en la cuenta millonaria del Fideicomiso, quienes recibieron el dinero fueron militantes de Morena, quienes supuestamente entregaron el dinero directamente a los damnificados y recabaron recibo de ello. Suponiendo que fuese cierto, la operación no es legal, el banco no debió de entregar ese dinero a quienes no eran los beneficiarios: los damnificados. ¿Cómo, entonces, retiraron en dinero?

Nadie atiende a justificar la forma legal de operar el fideicomiso de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nadie. Todo el argumento es político y el fondo es financiero: haberse hecho de dinero ilegalmente, siendo que a los partidos políticos les está prohibido hacer operaciones mercantiles de ayuda humanitaria. El asunto es eminentemente jurídico, todos los integrantes de la operación mercantil son del partido Morena, incluso utilizaron el mismo domicilio fiscal del partido. Las evidencias son tan claras que no existe manera de ocultarlas, hubo donaciones “orquestadas y concatenadas” de depósitos de 50 mil pesos, aportaciones espaciadas por las mismas personas en diferencias de tiempo de segundos. Algo anda muy mal en el Fideicomiso, y es imposible ocultar.

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