La semana pasada se realizaron en 50 ciudades del país, incluyendo Querétaro, diversas manifestaciones de médicos, que se autodenominaron “Yo soy 17”, en apoyo de 16 médicos quienes en el estado de Jalisco fueron condenados por negligencia médica, y que fue alegada como causa de la lamentable muerte de un joven.

Sin duda, toda muerte humana siempre será lamentable, y un episodio de vida muy difícil de sobrellevar para los familiares y amigos de la persona que fallece. También es cierto que, cuando la muerte de una persona está rodeada de condiciones complejas, como un accidente, la violencia o la negligencia, los deudos y la sociedad se ve envuelta en un sentimiento justificado de indignación, que merece respuestas oportunas.

En este espacio no pretendemos abogar a favor ni en contra de los médicos en cuestión, pues mal haría el que escribe este artículo al tomar cualquier posición, porque no cuento con información detallada del expediente judicial. Esto, no obsta para hacer una reflexión sobre las condiciones que imperan en el sistema de salud pública, al que casi todos nos hemos enfrentado alguna vez en nuestra vida, más por urgencia y necesidad, que por decisión o confianza.

Sin duda, en la gran mayoría de los casos donde el fantasma de la negligencia médica se asoma, también se asoma el desabasto de medicamentos y material quirúrgico, el déficit de médicos y enfermeras, el deterioro de los hospitales públicos, la falta de ambulancias, la ineficiente burocracia, los anquilosados sindicatos y los perniciosos contratos colectivos, y por qué no, también los errores humanos.

Basta señalar que hace unos días se daba cuenta de la inundación que sufrió el hospital más nuevo con que contamos en la ciudad. Pero también el hecho de que todos conocemos el caso de algún pariente, amigo o nosotros mismos que hemos sido mal atendidos, que hemos esperado horas en salas de urgencias sin respuesta, que hemos tenido que comprar los medicamentos o los instrumentales para que podamos ser intervenidos, o bien que en casos peores hemos recibido un daño en nuestra salud por un mal diagnóstico, tratamiento o procedimiento. Sólo hay que recordar cuántas mujeres han dado a luz afuera de las clínicas después de haber sido rechazadas.

No se trata de crucificar a los galenos, por el contrario, se trata de exigir como sociedad que se dignifiquen sus condiciones de trabajo, de solidarizarnos con ellos, para que la sociedad pueda recibir el servicio de salud pública que el Estado (con mayúscula) tiene la obligación de proveernos, el servicio que tanto pregonó el gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón, y que nunca existió. Por el contrario, durante el gobierno inefable del calderonismo, se dedicaron a dilapidar el sistema nacional de salud.

La negligencia médica existe y debe condenarse, como la mala praxis de muchas otras profesiones. Es intolerable que un país, con un bono demográfico tan alto como el nuestro, tenga déficit de médicos, enfermeros, ingenieros, agrónomos, por citar algunos, que tanta falta hacen para el desarrollo social del país, que es condición sine qua non para el desarrollo económico que tanto correteamos a ciegas. Sin duda alguna, algo anda mal.

Pero aún más intolerable, resulta el hecho de que nuestro mayor déficit sea de ciudadanía, que es la base para exigir el regreso del Estado de bienestar, que propicia justicia social, infraestructura, empleo, educación, salud y seguridad. No está por de más recordarles a los economistas que el propio Adam Smith sentenció que “ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y desdichados”.

Abogado y consultor de empresas

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