Cuando parecía haber sido suficiente con multiplicar los distractores: el desafuero del gobernador de Tamaulipas; acusar al gobierno de Estados Unidos de financiar a grupos políticos opositores (Mexicanos Contra la Corrupción); culpar a los periodistas de corruptos y de servir a intereses obscuros, por cuestionar sus decisiones o informar sobre los casos de corrupción de su gobierno y de su familia; denunciar al jefe Diego, sin pruebas, de enriquecimiento ilícito; señalar al INE y al TRIFE de ser enemigos de la democracia, etcétera, para evitar que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Florencia Serranía enfrenten sus (ir)responsabilidades por la tragedia de la Línea 12 del Metro; un nuevo escándalo de corrupción estalla en el gobierno de los impolutos, de los que no mienten, no roban y no traicionan.
El ex coordinador de la campaña de Morena en Sonora, tristemente célebre exsecreta rio de Seguridad y Protección Ciudadana, y hoy candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, fue exhibido por un colaborador de esta casa editorial, Carlos Loret de Mola, por haber ocultado en su declaración patrimonial, la propiedad de nueve casas, entre ellas un rancho de mil hectáreas, cuyo valor asciende a 214 millones de pesos.
Si bien no es delito poseer propiedades en México y en el extranjero por ese monto -o por más-, el problema radica en su ocultamiento, en no justificar la procedencia de los recursos cuando su principal ingreso ha sido como servidor público. Máxime, si Durazo sabía que iba a colaborar directamente con el presidente ¿por qué las omitió en su declaración patrimonial?
Si algo golpea al actual gobierno son sus propias incongruencias, las mentiras y la corrupción de sus integrantes, con que diariamente se traiciona y debilita la confianza de la sociedad, en general, y de sus seguidores, en particular. Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Olga Sánchez Cordero, y ahora Arturo Durazo, han sido señalados por tener propiedades cuyos montos superan sus ingresos. Y no ha pasado nada, la cobija presidencial a todos los ha tapado.
Sin duda, este fue un golpe inesperado ante el cual AMLO estaba desprevenido, por lo que evadió el tema en su mañanera del viernes y obligó a sus mascotas de la prensa orgánica a no tocarlo.
El Presidente sabe qué implicaciones políticas tiene esta nueva revelación en el posible fracaso de Alfonso Durazo en Sonora. Sabe que si no se aclara satisfactoriamente, por parte de su candidato, coloca a Morena en alto riesgo de perder las elecciones; y de que, de ganarlas, quedaría manchada la reputación de su gobernante, con lo que ello conlleva.
Cabe preguntarse ¿por qué el presidente, que suele utilizar a los cuerpos de inteligencia para investigar y perseguir a sus enemigos, no los ha utilizado para indagar el origen de la riqueza de sus colaboradores, permitiendo que sean ellos mismos —sus correligionarios— quienes saboteen su proyecto político?
Durazo tiene mucho que explicar. Más valdría que el presidente, que dice no ser “tapadera de nadie”, deje de justificar a sus colaboradores, brindarles protección e impunidad; y permitir que sean ellos mismos quienes respondan de sus actos. De no tomar acciones inmediatas, el efecto Durazo podría impactar en todo el país y convertirse en una piedra en su zapato.
Queda claro que la lucha anticorrupción, más allá de ser usada contra críticos y opositores, por la casa empieza. Habrá que ver si esto ocurre con Durazo.
Periodista y maestro en seguridad nacional
