Ninguna sorpresa causó a los queretanos la aprobación de la Ley estatal anticorrupción por el pleno de la LVIII legislatura local, en coincidencia con el proyecto federal de reforma propuesto por el Congreso de la Unión, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como tampoco sorprendió la prisa por ser el primer congreso local del país en aprobarlo —como si los premiaran, así lo han hecho otras ocasiones— a pesar de que hay suficiente tiempo para discutirla con calma, de manera que resulte lo más equilibrada y efectiva posible, y sobre todo, que sirva para acabar con el lastre de la corrupción que históricamente se da entre los servidores públicos.
Según los legisladores, el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro hará posible prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción que se realicen en el ámbito local de manera coordinada con los otros órdenes de gobierno y exige la creación de una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. La presente reforma, además, según éstos, creará un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de actos de corrupción en los que incurran.
Después de unas horas de discusión entre los legisladores, donde uno de los puntos que más discrepancia generó fue el período en que estará al frente el titular de la Fiscalía, aprobado finalmente con 24 votos a favor y 1 en contra. Para cumplir lo señalado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se plantea dotar al sistema estatal de una estructura análoga, proponiendo que esté integrado por un comité coordinador y un comité de participación ciudadana.
Pero, ¿de dónde sacarán este santo y puro, que realice con pulcritud el papel de fiscal contra la corrupción que dependerá de la fiscalía general del estado? ¿Quién va a fiscalizar al nuevo fiscalizador de las acciones de los servidores públicos que precisamente buscan puestos para tener poder y para vivir a costa del dinero del pueblo?, y, ¿con base en qué se determina que el período de responsabilidad del fiscal sea de 9 años y no de 6, 10 o 12 como se propuso por una fracción parlamentaria? Esto no se ha mencionado.
Según el Inegi, la corrupción representa el 9% del PIB, algo así como 347 mil mdp; ocupando los mexicanos el lugar 95 de 165 en el ranking de la corrupción mundial, el último lugar dentro de los países de la OCDE. Muchos políticos y servidores públicos presumen de haber cumplido con su 3de3, propuesta que supuestamente busca transparentar los gobiernos a través de la publicación de declaraciones de carácter patrimonial, fiscal y de intereses, se enmarca en el contexto de la llamada Reforma del Sistema Nacional Anticorrupción pero apenas el pasado martes 22 de noviembre, el coordinador de la fracción panista en congreso local, Luis Antonio Rangel Méndez aseguró que la famosa declaración 3de3 no garantiza la seguridad de los datos presentados por los servidores públicos porque cada quien declara lo que quiere.
Es asombroso como ante cada medida legal que se instrumenta, la mayoría de los servidores públicos encuentran nuevos mecanismos para burlarlos y seguir usando los recursos públicos en su beneficio y de sus más cercanos colaboradores. No hay duda de que se trata de un mal más complejo, que no basta con nuevas y mejores leyes. La corrupción es un mal innato al sistema en que vivimos, donde se cree más listo el que más roba, dejando a la inmensa mayoría de la población trabajadora en el hambre y la miseria. ¡Al carajo el sistema contra la corrupción, la tarea es cambiar desde la raíz este sistema de gobierno en completo estado de putrefacción!
Dirigente estatal del Movimiento Antorcha Campesina.
@jggrave
