El sábado 10 de diciembre, se cumplieron seis meses de la agresión física y los golpes contra personas de la tercera edad, mujeres y ciudadanos que protestaban frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), sobre avenida 5 de febrero.
Su “delito”: interrumpir el tránsito vehicular sobre la vialidad cuando no encontraron disposición al diálogo de parte del gobierno estatal. El contingente expresaba inconformidad y enojo que, desde entonces, ha generado la aprobación de la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Querétaro.
La tarde del viernes 10 de junio de 2022, la población de Querétaro fue testigo de la represión del gobierno estatal.
Transeúntes y automovilistas que pasaban por avenida 5 de febrero, así como periodistas y camarógrafos, observaron los golpes y las detenciones contra quienes exigían el respeto a derechos humanos.
A seis meses de distancia, colectivos, asociaciones y un sector de la ciudadanía mantienen la lucha contra la privatización del agua, y la organización colectiva para impulsar acciones en beneficio colectivo ante la emergencia hídrica. Así, el “Carnaval Guardianes del Agua” tuvo eco y respuesta la tarde del viernes 2 de diciembre, con cientos de participantes.
Fabián Bocanegra, integrante del Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI), publicó una crónica de la décimo primera acción realizada por colectivos y ciudadanos, contra la ley aprobada por mayoría del PAN en la LX Legislatura, que entró en vigor el 1 de julio.
Además, visibilizó un texto que muestra la cronología y el balance a seis meses de la acción que indignó a un porcentaje de la población, ante la represión y violencia ejercida por elementos de seguridad. No obstante, la Secretaria de Gobierno estatal y funcionarios públicos emanados del partido en el poder (PAN) justificaron la represión.
“El 20 de junio, tras un plantón de siete horas frente a la Defensoría de Derechos Humanos, la instancia consideró improcedente la petición (acción de inconstitucionalidad). El 29 de julio y 11 de octubre, respectivamente, también hubo manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad”, publicó Fabián al precisar algunas acciones que han llevado a cabo los colectivos.
El gobierno estatal cometería un error si le apuesta al olvido o amnesia de la población, en un asunto con la seriedad y delicadeza que implica los servicios y el uso del agua en Querétaro. La crisis hídrica amenaza a la población y agudizar las problemáticas de comunicación política que van durante poco más de 13 meses del sexenio.
Continuará la molestia entre la población, las protestas y manifestaciones en vía pública, en la capital, Amealco de Bonfil (donde han perjudicado a comunidades y habitantes de pueblos originarios) u otro municipio… aunque se gasten más de 230 millones de pesos en publicidad oficial, como lo documentó y publicó la periodista Nitzia Pichardo (del CUPI) con base en documentos e información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La escasez del líquido y el panorama ambiental e hídrico tanto en el país como en Querétaro hacen prever que la crisis aumentará.
El mandatario estatal, la Secretaria de Gobierno, el vocal de la CEA y funcionarios públicos del PAN necesitan mostrar, mínimo, sensibilidad y apertura a críticas, voces que han evidenciado a quiénes beneficia la normativa. Tomar con seriedad la situación y, como encargados de la gobernabilidad, decidir y gestionar políticas públicas con beneficio social e incluyentes.
Periodista y profesor de la UAQ
