La tragedia ocurrida en la Línea 12, la noche del lunes 3 de mayo, en la que perdieron la vida al menos 26 personas y decenas se encuentran heridas tras el desplome de un tramo del metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, del sureste de la Ciudad de México, constituye una muestra de los sectores precarizados sobre los que siempre recaen estas desgracias. No se trata del azar, sino de situaciones que derivan de agravios históricos e injusticias presentes.

De nada sirve crear “chivos expiatorios” para liberar de la responsabilidad a quienes han creado históricamente una cadena de desigualdad y pobreza, que no se resuelve con apuntar al culpable “del momento” para que las cosas sigan igual. Más allá del acto deleznable de partidos políticos como Acción Nacional que aprovecharon la desgracia para hacer proselitismo en medio del proceso electoral, es necesario atender, en primer lugar, a las familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes se encuentran en estado grave de salud, resultado de esta catástrofe. Y, en segundo lugar, discutir en la agenda pública, el tema de la desigualdad y la injusticia toleradas y legitimadas, tanto por las élites políticas como por las económicas y financieras, cuyo único objetivo ha sido satisfacer su interés personal.

La situación actual abre un debate impostergable. No basta con denunciar la desigualdad. Es preciso resolver de manera concreta este grave, estructural y doloroso problema. Esto significa situar la responsabilidad en el contexto de una justicia que no sea abstracta. Se trata de reconocer que la desigualdad no es un proceso “natural”, sino que es causada por el hombre. Por lo tanto, cuando un ser llega al mundo, se encuentra con desigualdades que fueron causadas por otros. No nacemos inocentes sino endeudados o deudores.

La desgracia sucedida nos interpela como sociedad y cuestiona radicalmente el papel de quienes han administrado, ayer y hoy, los gobiernos en México. La forma en que el pasado se hace presente se sintetiza en la incapacidad de los actores políticos y económicos para dar respuesta a la desigualdad promovida por ellos y las injusticias definitivamente olvidadas. No se trata solamente de un siniestro, sino de la expresión de prácticas en las que funcionarios públicos se coluden con empresarios para obtener las mayores ganancias a costa de la vida de los desfavorecidos de siempre.

Será necesario esperar los peritajes de la empresa internacional contratada por la jefa de gobierno y el veredicto de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido en la Línea 12 del Metro, inaugurada en octubre de 2012, cuya construcción corrió a cargo del consorcio liderado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con la participación de 53%; Carso Infraestructura y Construcción con 17% y Alstom Mexicana con 30%.

A modo de colofón. Si no reparamos las injusticias, de nada servirá el resto…, el agravio histórico sobre las poblaciones olvidadas seguirá vigente.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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