Acoso escolar y autoridad magisterial

Norberto Alvarado Alegría

No causa sorpresa que la palabra autoridad sea uno de los conceptos más controvertidos que se pueden encontrar en el vocabulario de la política, el derecho y la sociología, y también uno de los más escasos en la realidad social que actualmente vivimos en el mundo entero y en particular en nuestro país.

El papel central de la autoridad versa sobre la legitimidad de las acciones públicas que el Estado debe ejecutar, como parte de su encargo de coordinación dentro de la organización social.

En este contexto, el ejercicio de la autoridad se ve en aparente contradicción con dos principios fundamentales de la vida posmoderna: la libertad y la autonomía.

Estos dos pilares de la corriente promotora de los derechos humanos, son fundamentales para entender el nuevo paradigma del estado democrático que se promueve en el mundo occidental, y al que aspiramos como mexicanos, si le agregamos los adjetivos de constitucional y de bienestar social. Sin embargo, la gran paradoja de este modelo aspiracional, es que la construcción del nuevo Estado, nos ha llevado a la desarticulación y atomización del propio Estado, promovida por la corriente más extrema del neoliberalismo promotor del individualismo y del mercado.

La descomposición del tejido social y el resquebrajamiento de la autoridad pública en todos los aspectos de la visa social, ha producido consecuencias que en otrora minimizamos y que hoy son escollos casi insalvables que tarde o temprano van a afectar directamente nuestra esfera de vida individual y familiar. Una de estas secuelas, es sin duda la violencia que se esparce cada día con mayor intensidad en las escuelas, y que los especialistas llaman acoso escolar o bullying, que comienza a pasarnos facturas muy difíciles de pagar socialmente, como las secuelas físicas y psíquicas, y hasta la muerte de niños y adolescentes.

Sin duda, el crecimiento exponencial de este fenómeno es una verdadera caja de Petri, que está reproduciendo el caldo de cultivo de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social, de las próximas generaciones. Hace unos día el titular de la Secretaría de Educación Pública federal, declaraba que la responsabilidad de estos hechos lamentables, que ya no son aislados sino patrones de comportamiento psicopáticos, es del núcleo familiar.

Me parece que Emilio Chuayffet tiene razón parcialmente, pues los primeros grandes responsables de los hijos son los padres, al menos así ha sido consignado en los textos jurídicos, desde el derecho romano y los poderes del paterfamilias. Sin embargo, el Estado –con mayúsculas- no puede rehuir a su responsabilidad en la conducción de la sociedad y en la recomposición del tejido y la paz social, a través del proceso educativo.

Bajo los argumentos falaces de la defensa de los derechos humanos y de la crítica destructiva a la labor magisterial –que en mucho es una sinrazón-, los docentes y directivos de hoy en día, han perdido la autoridad que les es necesaria frente al grupo, la autoridad moral para prevenir y corregir las conductas de violencia y acoso escolar de las que a diario se exponen nuestros hijos, la autoridad moral para educar, no sólo con conocimiento, sino con habilidades sociales de conducta cívica.

Este lamentable escenario, en gran parte es resultado de la actitud que los padres de familia hemos asumido, al menospreciar la labor y la autoridad magisterial; de la omisión del Estado para modernizar el sector educativo, sin olvidar que no son sólo conocimientos lo que requieren los niños y adolescentes, sino valores cívicos y éticos. El grave problema es que el acoso escolar ya está en la vida de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer?

Abogado litigante, consultor jurídico de empresas

Comentarios