El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto pone en riesgo a 727 personas de este país y sus familias, al anunciar el recorte del presupuesto destinado para el Mecanismo, el cual se reflejará en lospróximos meses.

Con las declaraciones de funcionarios federales quedó claro y evidenciado el menosprecio y abandono contra periodistas. Si recordamos y contrastamos el gasto de publicidad oficial con el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, podemos asegurar que el gobierno de EPN prefiere proteger su imagen en los medios que a 727 seres humanos.

Fundar ha documentado y estimado en mínimo 60 mil millones de pesos el despilfarro de recursos públicos en publicidad oficial durante cinco años del sexenio. Por otro lado, la cantidad que la Secretaría de Gobernación anunció recortaría al presupuesto del Mecanismo sería un monto de 51 millones de pesos.

Es decir, el .08% del total que ha erogado el gobierno federal en medios de comunicación vía la publicidad. Esa cantidad es la que le regatean a los periodistas y personas que defienden los derechos humanos en el país.

De concretarse esta reducción del presupuesto, pondrían en riesgo a miles de personas, porque habría que considerar a sus familiares, que automáticamente entrarían en situación de riesgo o vulnerabilidad de posibles agresiones.

La exigencia hacia los distintos niveles de gobierno no implica disponer un policía o agente de seguridad para cada periodista o persona defensora de los derechos humanos, pero sí garantizar las condiciones mínimas para ejercer la profesión o labor que desarrollan.

Un Estado que se dice democrático, o que está en transición hacia la democracia, debe forzosamente tener una prensa libre, sin ataduras a controles totalitarios ni a tentaciones de uniformar contenidos o una voz homogénea. Es fundamental apostarle a la pluralidad de voces y al ejercicio de la libertad de expresión, sin obstáculos.

En el caso de México en años recientes, valdría la pena cuestionar y analizar si no sería mejor limitar el gasto en publicidad oficial y ese recurso económico destinarlo a programas, políticas públicas y mecanismos que protejan el ejercicio periodístico y que prevengan posibles ataques contra los derechos humanos.

Además, ¿no sería mejor que, en lugar de destinar millones de pesos para comidas suntuosas y rifas de regalos u obsequios so pretexto de “conmemorar” la libertad de expresión con reporteros, editores y directores de medios de comunicación, se procurara un mejor desarrollo social de los habitantes?

¿O que, en vez de otorgar dádivas y prebendas a directores de medios de comunicación por alinearse al discurso oficial, se brindara ese dinero público a capacitación en Periodismo de Investigación?

La relevancia del periodismo comprometido con las audiencias y la sociedad es notable. Ahora que se cumplirán 50 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a manos del Ejército y cuerpos de seguridad, sabemos de la magnitud de la tragedia, la complicidad de generales del Ejército e integrantes de la Secretaría de Gobernación, gracias, en buena medida, a investigaciones periodísticas de calidad. Periodistas como Jacinto Rodríguez Munguía, reporteros de la revista Proceso y otros más que han indagado los archivos y los documentos que muestran cómo las élites interrumpieron el movimiento estudiantil de 1968 ponen de relieve la trascendencia del derecho a la información.

También es una muestra de que los trabajos de investigación inciden y ayudan en la contribución de procuración de justicia. Recordar a las víctimas de un hecho como el 2 de octubre de 1968 es posible gracias al compromiso de periodistas y personas que defienden los derechos humanos, quienes al mismo tiempo proporcionan su esfuerzo, ímpetu y lucha para la memoria colectiva.