60 años del voto de las mujeres en México

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 3 de julio se cumplieron 60 años de que las mujeres mexicanas emitieran su voto por vez primera en una elección federal. Dos años antes, mediante la reforma del Artículo 34 constitucional, se había prohibido impedir el ejercicio de los derechos políticos a las mujeres, por más que siempre se las hubiera concebido incapaces de ejercer con eficacia los cargos públicos. En aquella elección de 1955 se registraron 365 candidatos, pero sólo 20 fueron mujeres, y al final sólo cuatro diputadas fueron electas. Hoy, 60 años después y con una reforma política que ha convertido en obligación a la paridad política, las mujeres aún siguen enfrentando obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Tratemos de explicar algunas de las razones.

En primer lugar, están las estructurales. Aunque formalmente se reconoce que no deben existir obstáculos para que las mujeres puedan votar o ser votadas, lo cierto es que ellas históricamente han asumido –sin remuneración y muchas veces sin posibilidad de elección– el cuidado de la familia. Sin una educación u oportunidades laborales en igualdad de circunstancias con los varones, muchas mujeres mexicanas viven la precariedad material y tienen que dejar pasar sus oportunidades políticas para cubrir otras necesidades más urgentes. Empoderar a las mujeres no sólo significa hacerlas conscientes de sus derechos, que los reclamen y los ejerzan incluso a contracorriente de la opinión mayoritaria, sino también darles la autonomía material y la cobertura de seguridad social que les permita ingresar en la política sin que eso les genere un doble esfuerzo comparadas con los varones. La mejor participación política a favor de las mujeres es la que ellas mismas pueden hacer, con voz propia. Aquí, debe ser prioridad garantizar los derechos económicos y sociales de todas, sin discriminación, y que esto redunde en su constitución como agentes políticos plenos y con los apoyos suficientes como para que la decisión de ingresar en la política no signifique una pérdida de su vida familiar.

Pero por otra parte están los obstáculos que se refieren a la cultura pública. Siempre se ha supuesto que la política es una actividad de hombres, porque de ellos es patrimonio la racionalidad, el cálculo y la estrategia que serían atributos de los políticos profesionales. En contraste, también siempre se ha pensado que las mujeres son temperamentales, carentes de la reflexividad para tomar decisiones, y por eso es que se supone que ellas encuentran su realización plena en la casa, al cuidado de los hijos e hijas. Si bien es cierto que la maternidad es una opción perfectamente válida desde el punto de vista ético, también es verdad que debe ser precisamente eso: una elección y no un destino del que ellas no puedan escapar. No se debe forzar a nadie a asumir la maternidad y un lugar en el espacio doméstico, si se tienen aspiraciones políticas. En este punto, nuestro reto consiste en visualizar a las mujeres como agentes del cambio político, con el derecho a acceder a los cargos de elección popular, sin discriminación y con la conciencia de que sus voces no pueden estar ausentes de nuestra vida política democrática.

El día de hoy podemos imaginar lo difícil que fue, para aquellas primeras mujeres, votar y ser votadas hace 60 años. Seguramente, ellas experimentaron burlas, descalificaciones e inequidades que hoy nos parecen flagrantemente injustas. Si en aquellos años se hubiera sometido a consulta popular si la mayoría de la opinión pública autorizaba el voto para las mujeres, el resultado probablemente habría sido adverso. Pero lo cierto es que los derechos humanos no tienen que someterse a escrutinio público, y al contrario, son de protección obligatoria para el Estado. El derecho al voto para las mujeres es un rasgo profundo de civilización y de democratización de nuestras sociedades. Pero esto no obsta para que reconozcamos que aún no se logra su participación plena y que es nuestra obligación como sociedad hacer un compromiso real para que el derecho al voto se convierta en un bien efectivamente disponible para todas las mujeres sin discriminación.

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