Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción (9 diciembre) es importante hacer un balance gubernamental en esta materia, donde el presidente festina, de manera selectiva, atacar la corrupción del pasado, pero se niega a hacerlo con la de su administración. El astigmatismo gubernamental le impide ver la realidad próxima, no capta lo cercano o inmediato y sólo ve lo lejano y pasado. Y cuando la realidad le es asequible, el estrabismo lo traiciona y le hace desviar la mirada, entrar en la negación de los “otros datos”, sin aportar datos duros ni la fuente.
Todos coinciden en que la corrupción es un cáncer que daña a nuestro país; que debe combatirse y, de ser posible, erradicarse. Donde hay divergencias es en el certificado moral de pureza que él da a su gobierno, al reiterar que en la 4T no existe la corrupción.
La terquedad de la realidad choca con la percepción presidencial: el INEGI dio a conocer indicadores de la corrupción en el periodo 2017-2019, en el que destaca el crecimiento en 33% de ilícitos al pasar de 12 a 16, por cada 100 personas. Y en lo que respecta al costo promedio de cada acto de corrupción, pasó de $2,273.00 a $3,822.00. Esto es, más del 50%. Y en el indicador del Proyecto de Justicia Mundial 2020, México cae tres lugares: del 101 al 104, entre 123 países considerados.
Los escándalos de corrupción tocan a cercanos del presidente y demuestran la inutilidad de la Función Pública en su prevención y combate. Entre estos, destacan los siguientes: su secretario particular, Alejandro Esquer (uso de empresas fantasma); su exjefe de Oficina, Alfonso Romo (conflictos de interés y corrupción); su vocero, Jesús Ramírez Cuevas (empresa fantasma para financiar el órgano propagandístico de Morena); la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo John Ackerman (número de viviendas no explicable y recibir del gobierno, en donativo, la casa de su padre); el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Urzúa (vinculado al caso Odebrecht); la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde (nepotismo: siete familiares en la APF); el Director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y su hijo León Manuel (21 casas, conflicto de intereses por ser su hijo proveedor gubernamental y por la venta de respiradores a sobreprecio); el Director del IMSS, Zoé Robledo (otorgó contratos a su hermano); el superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí (conflicto de intereses al ser proveedor de medicamentos del gobierno y utilizar empresas fantasmas); el subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade (peculado y abuso de funciones); Claudia Sheimbaum, jefa de Gobierno de la CDMX (otorgó contratos a empresas que la apoyaron en su campaña); y, está en puerta el soborno de Vitol a PEMEX; entre muchos escándalos.
Familiares: Pío López Obrador (grabado recibiendo dinero para la campaña de AMLO); su cuñada, Concepción Falcón (despojó al municipio de Macuspana de 223 millones de pesos); su prima hermana, Felipa Obrador (dos contratos de Pemex por 365 millones de pesos).
Qué decir del nombramiento de funcionarios de primer nivel incompetentes: en Pemex, su titular es agrónomo; Secretaría de Economía, es licenciada en literatura inglesa; diseñador gráfico en SEDATU; maestra de pedagogía en Bienestar; arqueólogo en INSABI; maestra en historia en INEGI; y una periodista en Seguridad y Protección Ciudadana.
Sin embargo, no hay más ciego que el que no quiere ver.
