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En respuesta a la declaración de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de que la Unión Nacional de Avicultores (UNA) fungió como intermediario en el supuesto cartel que conformaron las grandes empresas vendedoras de pollo, dicho organismo gremial negó haber promovido o participado en dicha situación.
Aseveró que el asunto no se ha resuelto en definitiva en el Poder Judicial, luego de que presentaron ante tribunales federales especializados argumentos e información que respaldan que la Unión actuó conforme la Ley de Organizaciones Ganaderas y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En un comunicado, detalló que confían “en que el Poder Judicial tomará una decisión apegada al Estado de derecho y exclusivamente con base en los argumentos y evidencias del expediente y no con base en elementos ajenos al mismo”.
El procedimiento legal que inició la autoridad de competencia en 2009 respecto de la existencia de prácticas monopólicas absolutas en la venta de pollo en piezas en mercados y pollerías en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, contrarias a lo que establece la Ley Federal de Competencia Económica, aún no concluye.
Los tribunales federales especializados en materia de competencia económica se encuentran analizando diversos recursos interpuestos por la UNA y por otros agentes sancionados. En otras palabras, el asunto no ha sido definitivamente juzgado.
La investigación. El lunes 28 de marzo, la Cofece difundió un análisis ex post en el que afirmó que Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson, Pollos de Querétaro con la Intermediación de la Unión Nacional de Avicultores, acordaron mantener los precios en ciertos niveles en determinados periodos.
De acuerdo con la Cofece, esta colusión provocó que en el mercado del pollo se causaran daños por 107 millones de pesos a los consumidores. Ello significó, de acuerdo con la Comisión, que las familias de la Ciudad de México pagaron un sobreprecio de 32.4%. Y dijo, hubo “un pacto entre competidores”.
Un hecho que negó la UNA, la cual aseguró que “será respetuosa de los tiempos que conlleva el proceso legal en curso”.
