Con el apoyo de nueve senadores del PAN, el PRI y PVEM en el Senado aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados en derechos de las audiencias y libertad de expresión, que resta facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, y el fuerte reclamo de la oposición que incluso se retiró momentáneamente del salón de sesiones, la minuta fue enviada al Ejecutivo para su publicación.
Así, avaló eliminar las facultades del IFT para suspender la señal de radiodifusoras y televisoras cuando se transgredan derechos de las audiencias en programas de noticias.
El dictamen aprobado señala que cuando un medio de comunicación decida insertar mediante sus comunicadores un análisis o comentario editorial, cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, no implicará hacerlo del conocimiento de la audiencia.
Además deja a criterio de los medios establecer sus códigos de ética, así como también le da la oportunidad de nombrar a sus defensores de audiencia.
La minuta indica que se protegerán los derechos de las audiencias, con la precisión de que éstos no pueden limitar ni restringir otro derecho, por lo cual consideraron impreciso restringir el ejercicio de la libertad de expresión para imponer mecanismos que regulen contenidos.
Discusión acalorada. El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Raúl Gracia (PAN), expresó que se negó a convocar a la reunión para dictaminar la minuta porque la intención es beneficiar a las televisoras.
El independiente Alejandro Encinas, opinó que el dictamen “ahonda la profunda crisis que vive el Senado, por el mal tratamiento en la remoción del ex titular de la FEPADE, y ahora error, porque el dictamen tuvo una convocatoria indebida”.
Retroceso.
La presidenta de Observatel, Irene Levy, dijo que las modificaciones que realizó el Senado representan un grave retroceso, no sólo en derecho de las audiencias, sino en relación con el orden institucional establecido por el Legislativo en la reforma constitucional.
Aleida Calleja, coordinadora de Obsercom, expresó que lo aprobado es inconstitucional porque serán los únicos derechos que no tienen una institución que los tutelara.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) dijo que esta reforma esconde “el interés de los concesionarios privados por ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa”.
