Desde el inicio de la actual administración federal se han estado presentando informes, programas y propuestas en materia de energía y de la industria petrolera. Han proliferado las declaraciones en el exterior por parte de la Presidencia y de secretarios del gobierno sobre cambios en la industria petrolera fundados en la necesidad de su necesaria modernización. Finalmente, como parte de las denominadas reformas estructurales, se presentó la propuesta para modificar parte de los artículos 27 y 28 de la Constitución.
Entre las varias afirmaciones realizadas por el Ejecutivo federal para sustentar la necesidad de su propuesta de reforma de la Constitución destaca que es imprescindible incrementar la extracción de hidrocarburos. Se sostiene que hay poco tiempo para lograr colocar cantidades mayores de crudo en Estados Unidos, debido a los proyectos que se están ejecutando en ese país con el objetivo de recuperar su autosuficiencia en la extracción de hidrocarburos y globalmente en contar con los medios para generar la energía que demanda. También se observa que el Estado y en particular las finanzas públicas pueden beneficiarse de ingresos cuantiosos dada la favorable situación de los precios en los mercados internacionales de petróleo.
En la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Deuda Pública y de Petróleos Mexicanos, enviada a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo destaca que los cambios propuestos dotarán de la flexibilidad necesaria a Pemex para obtener mejores resultados en el desarrollo de su actividad, lo cual derivará en mayores beneficios para todos los mexicanos mediante una mayor producción de hidrocarburos. Sin duda, el mantenimiento de altos precios del petróleo y la continuidad en las exportaciones de crudo a Estados Unidos, son hechos que no pueden ignorarse. Sin embargo, las decisiones tomadas en la materia por la administración federal no consideran aspectos esenciales en el manejo del petróleo, en tanto recurso natural no renovable propiedad de la nación. Menos aún justifican la reforma que se propone en la iniciativa antes citada, contenida en la denominada reforma fiscal, que plantea la necesidad de que Pemex modifique su relación con el resto del Estado y en materia de extracción de petróleo opere con base en contratos de utilidad compartida. Además, se propone que la comercialización del crudo será realizada por un ente distinto al organismo público y la definición de los beneficios que se entregan en concepto de renta al Estado por parte de Pemex serán definidas contrato a contrato. Incluso, se pretende (Título II, Artículo 11, numeral VI) que en adelante Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios establezcan un contrato para cada actividad y por una duración específica con el Estado Mexicano, con penas para cuando no se produzcan resultados, como en el caso cualquier concesión que se otorga a una empresa privada. En la iniciativa no se aclara quién es en este caso el Estado Mexicano, por lo que es posible considerar que el ejecutivo federal pretende volverse un administrador de contratos en materia de la industria petrolera, que con los cambios en los artículos 27 y 28 de la Constitución ya no distinguirán entre Pemex y empresas privadas.
Hasta la fecha, se exporta alrededor del 50% del petróleo crudo que se extrae. Dado que en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 no se presentan elementos para ampliar de manera importante la producción de derivados del petróleo en el país, el proyecto es incrementar la extracción de crudo para su exportación. Ello no redunda en beneficio para la nación. Como se observa en la gráfica adjunta, cada vez es menor el saldo positivo de la denominada balanza petrolera. De 2007 a 2013 hay un crecimiento sostenido de las importaciones de derivados del petróleo y petroquímicos. En 2012 las importaciones de derivados del petróleo equivalen al 77.8% de las exportaciones petroleras y hasta julio de 2013 al 85.6.
Lo sustancial para la nación es determinar cuáles son las cantidades necesarias de petróleo y, en general de hidrocarburos que deben extraerse, considerando las necesidades de consumo de la economía del país, en escenarios de crecimiento del orden del 6% al 7% del PIB. Con base en esos datos, debe trazarse el plan de inversiones para contar en el país con las refinerías y otras plantas para procesar el petróleo, incluyendo la elaboración de petroquímicos.
*Académico del Departamento de Economía, UAM Iztapalapa
