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En su Quinto Informe de Gobierno (1993), Carlos Salinas de Gortari, en lo que podría considerarse un arranque de sinceridad, justificaba las privatizaciones argumentando que en un mundo globalizado, con estructuras de mercados oligopólicas y dominado por grandes empresas, se tenía que promover el fortalecimiento de empresas mexicanas para que pudieran competir con las extranjeras. Sin embargo, la conversión de monopolios públicos en privados, ocasionó que las empresas tuvieran rentas monopólicas porque los entes reguladores de la época (CFC, Cofetel, etc.) carecían de “dientes.
Carlos Slim extendió el negocio de la telefonía fija a la móvil generando una fuerte sinergía entre ambos servicios y estuvo en condiciones de ampliar un floreciente negocio en América y posteriormente en Europa. Cuando llegó la crisis económica del 95, era de los pocos que tenía efectivo para salir a comprar empresas quebradas a precio de ganga, diversificando y ampliando las líneas de negocio a otras actividades económicas. Incluso, se daba el lujo de adquirir el 49% de Cablevisión para apoyar a Televisa, en ese momento envuelta en serios problemas financieros, cuando la TV por cable ya se estaba desacelerando y todavía no aparecía en el horizonte la convergencia.
Televisa, por su parte, a finales del sexenio salinista iniciaba un largo proceso de transformación. Antes de la devaluación del 94, reestructuró una enorme deuda en dólares a pesos, con lo que se quitó una enorme pérdida cambiaria, redujo el número de artistas exclusivos y en general realizó una profunda transformación administrativa y financiera. La empresa dependía de la renovación de la concesión, por lo que su cercanía al poder era fundamental para mantenerse como un duopolio dominante, al punto que Emilio Azcárraga Milmo declaraba muy orondo que él era un “soldado del PRI”.
La muerte de Azcárraga en 1997 dejó en el mando a su hijo Emilio, quien ganó la disputa familiar por el control accionario. Pronto el sucesor logró quedarse con Televisa, luego de intensas disputas legales, que terminaron con el consabido “más vale un mal arreglo, que un buen pleito”.
La transición a la democracia mexicana con un nuevo IFE (1996) abrió una ventana de oportunidades para la televisora. Las elecciones se realizarían con un enorme esfuerzo de marketing, ya que los candidatos eran “productos” que había que vender, lo que implicaba un derroche de gastos de publicidad (abiertos y disfrazados).
Así, en 2002 se suprime radicalmente el tiempo que debieran pagar las televisoras al Gobierno, gratitud reflejada en la foto donde un alto ejecutivo saluda con un beso en la mano a la Primera Dama. Pero, más claramente, a finales de 2005, el Congreso aprueba en fast track la Ley Televisa con el apoyo de todos los partidos políticos, que temían que el bloqueo mediático podría ser determinante en las elecciones presidenciales de julio de 2006.
Una controversia constitucional interpuesta por legisladores derivó en una intervención de la Suprema Corte, que echó para atrás la Ley. Adicionalmente, una reforma electoral prohibía la contratación directa de publicidad por los partidos y los particulares. El sexenio de Calderón se vería envuelto en una serie interminable de querellas judiciales, revanchas, filtraciones y no habría ningún avance en leyes de telecomunicaciones.
El nuevo gobierno trajo el Pacto por México, donde los partidos políticos proponían que el Estado regulara a las empresas preponderantes en telecomunicaciones, como quedó plasmado en la reforma constitucional de 2013, que requería de mayoría calificada. Sin embargo, los malos augurios llegaron con el incumplimiento de los plazos y con una propuesta de ley secundaria, que los mercados leyeron claramente: desplome del precio de la acción de América Móvil, alza de Televisa.
Justo antes de que la Cámara de Diputados aprobara la ley y cuando los mercados ya habían cerrado (8 de julio), América Móvil decidió vender parte de Telcel y Telmex para anular la declaración de preponderancia decretada el 7 de marzo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Más allá de que la noticia ocupó las ocho columnas de las primeras planas y de que EL UNIVERSAL publicara (16 julio) que con el alza de las acciones de las empresas de Slim, había vuelto a ser el hombre más rico del mundo, el anuncio abre una perspectiva diferente: la competencia de grandes empresas extranjeras en México en sectores que el TLC había reservado por considerarse que eran “sensibles”.
Con la ley secundaria se perdió la oportunidad de un cambio trascendente que fomente la competencia y favorezca al consumidor. Se le quitó fortaleza al Ifetel, por lo que resulta ingenuo pensar que pueda enfrentarse a los poderes fácticos de las grandes empresas nacionales y extranjeras, porque el Estado renunció a su capacidad de ser un regulador eficaz y eficiente. Preocupa que el Estado en lugar de defender el interés público, se convierta en un gestor de la iniciativa privada.
*Maestro en Economía del IPN
