El plazo de dos años para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas productivas del Estado podría alargarse un poco más, reconoce la legislación secundaria de la reforma energética aprobada por el Senado de la República.
Argumenta que antes de que estas compañías empiecen a operar como empresas productivas, tendrán que aprobarse sus Consejos de Administración, que serán los órganos en los que recaerán sus planes de inversión y de operación quinquenal.
Dichos consejos serán los responsables no sólo de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de ambas empresas, sino también la de sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales.
El desfase en el tiempo originalmente previsto para la migración de las paraestatales a empresas productivas podría estar relacionado con el tiempo que lleve conformar los Consejos de Administración, sobre todo porque cinco de los diez consejeros independientes deberán ser designados por el Ejecutivo y serán ratificados por el Senado y ahí las fuerzas políticas tendrán que presentar sus puntos de vista.
En este caso, si bien el Ejecutivo enviará la designación acompañada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo, la Cámara de Senadores ratificará, en su caso, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
En el artículo 15, fracción III de la Ley de Pemex y CFE, se m enciona que “si no se alcanzan los votos mencionados o la Cámara no resolviera dentro del plazo señalado, se entenderá rechazado el nombramiento y el Ejecutivo enviará una nueva designación. Si la segunda designación fuera rechazada, el Ejecutivo hará la designación del consejero independiente directamente”.
De hecho, en el primer transitorio de la Ley de Pemex y CFE se argumenta que el nuevo ordenamiento entrará en vigor al día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de ambas empresas.
Originalmente, el proyecto de ley enviado por el presidente Enrique Peña Nieto ordenó la transformación de ambas paraestatales en empresas productivas de Estado, “pues la apertura de las industrias eléctrica y de hidrocarburos a las nuevas formas de participación del sector privado, debe ir acompañada de un decidido fortalecimiento de las empresas estatales con el fin de que alcancen las condiciones necesarias para competir en ámbito de sus respectivos sectores”.
El gobierno planteó un periodo de dos años, a partir de la promulgación de la ley para que tanto Pemex como CFE empiecen a operar como empresas productivas del Estado.
El transitorio primero del proyecto de ley del Ejecutivo señalaba que “la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Y ratificada en el transitorio Tercero que a partir de la entrada en vigor de la ley, tanto Pemex como CFE se transformarían por ministerio de ley en empresas productivas de Estado”.
Sin embargo, los legisladores consideraron que ambas empresas no podían empezar a operar con la nueva figura sin un Consejo de Administración conformado, pues de ese órgano partirá prácticamente todo lo relacionado con su funcionamiento operativo y financiero.
Sin embargo, la conformación del Consejo ahora va depender, al menos en los tiempos, de los acuerdos de las diversas fracciones parlamentarias en el Senado, lo que podría llevarse un poco más del tiempo previsto por el Presidente: dos años.
