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Derecho a la conectividad

20/05/2014
12:08
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Un tema que nos ha fascinado sobremanera es la velocidad a la que los avances tecnológicos (conocimiento y técnica aplicados) suceden; tan sólo en los últimos 100 años se ha registrado un avance comparable al desarrollado en los 20 mil años previos en la existencia de la humanidad. La velocidad del cambio técnico, y en especial en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y sus aplicaciones, sin duda han trasgredido las fronteras del conocimiento, brindando la enorme oportunidad de explorar y generar riqueza en beneficio de las personas, y las sociedades dentro de la nueva realidad a la que hemos llamado “Sociedad de la Información”.

Entre las tecnologías de información y comunicación más destacadas, el internet se ha convertido en el principal medio de comunicación de la humanidad. Poco más de 2 mil 890 millones de personas han usado este medio por lo menos una vez en su vida, existen más de 982 millones de sitios web y a diario se envían más de 160 mil millones de correos electrónicos.

Ahora bien, no se trata sólo de comunicarnos, expresar nuestras ideas o hacer pública nuestra vida privada a través de medios como el internet. La conectividad y la ubicuidad conllevan un importante trasfondo económico. El internet soporta y facilita la realización de una extensa gama de actividades económicas. La conectividad contribuye al crecimiento económico, a la productividad, al empleo y, por ende, al progreso social. Sin duda que la rápida y la amplia penetración del internet en las economías emergentes puede generar importantes beneficios financieros.

Considerando al internet como un sector productivo, en muchos países el Producto Interno Bruto (PIB), generado a través del consumo y el gasto relacionados, supera a sectores tan importantes como la agricultura y la generación de energía. Entre los estudios más comentados que se han desarrollado sobre el tema, destaca el de Mckinsey Global Institute, que señala que en Latinoamérica un 10% en penetración de banda ancha en un país, equivale a un incremento promedio de 3.2% en el PIB y aumenta la productividad en 2.6%.

De acuerdo con la investigación, el mercado de internet y el crecimiento de la banda ancha ha venido registrando una dinámica importante en los países emergentes, claramente ello se debe a la madurez que presenta en los países avanzados cuya penetración es alta. En países como México, Brasil y Argentina, los cálculos indican que como sector, el internet contribuye a la dinámica del PIB con entre 2 y 2.5 %.

Ahora bien, el surgimiento de la sociedad de la información en países como el nuestro no ha estado aislado de un aprovechamiento desigual de la conectividad y de los diferentes grados de desarrollo económico y social.

El tema de penetración del internet a través de la banda ancha es fundamental para el crecimiento de la economía de la conectividad. Cabe destacar en este contexto el informe del Banco Interamericano de Desarrollo que indica que la penetración de internet de banda ancha se mantiene constante en México, pero ha moderado su expansión desde 2012.

Es importante que se apueste a cerrar la brecha digital para que más personas estén conectadas. La conectividad en tanto derecho económico, es tema que le atañe al Estado. Sin embargo, cabe preguntarnos si el gobierno debe ser más que garante, y convertirse en proveedor del medio. Ésta es sin duda una discusión no exenta de polémica, principalmente en recientes fechas, cuando el debate de las leyes secundarias en telecomunicaciones entró al terreno de lo político. Ante ello, es importante puntualizar conceptos para evitar confusiones que luego son desgraciadamente canalizadas con tintes políticos.

En términos económicos, se define a un bien público como aquel al que no es posible impedir su uso a nadie y por otro lado, su consumo por parte de alguna persona no reduce la posibilidad de uso a nadie más, esto es, no hay rivalidad ni exclusividad. Existen ejemplos clásicos sobre bienes públicos, tales como la defensa nacional, calles y carreteras sin peaje, el alumbrado público e incluso el conocimiento, siempre hasta cierto punto. En todos los casos, los individuos gozan de estos bienes sin que merme la posibilidad a otros de disfrutarlos y no hay forma de impedir que alguien haga uso de éstos.

Este trasfondo teórico no lleva a sostener que la obligación del Estado debe ser garantizar las condiciones para que un ciudadano pueda acceder a internet, más no tiene obligación de otorgar una computadora y banda ancha en cada hogar, puesto que no es un bien público, máxime cuando existen otras prioridades como la salud y la alimentación e incluso servicios básicos en el propio hogar.

*Presidente de Consultores Internacionales, AC / [email protected]