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La Fiscalía de Trani (sur de Italia) ha solicitado juzgar a siete de los responsables de las agencias de calificación de riesgos Standard & Poor's y Fitch, en el marco de la investigación por un supuesto delito de manipulación de mercado. La Fiscalía precisó en un comunicado que cinco de esos responsables pertenecen a S&P y los otros dos a Fitch, mientras que ha solicitado que se archive la causa en el caso de los dos responsables de Moody's que estaban bajo investigación. Se ha solicitado juzgar, entre otros, a Deven Sharma, presidente del servicio financiero de S&P entre 2007 y 2011, así a David Michael Willmoth Riley, director operativo de los "ratings" de Fitch. Según la Fiscalía, entre mayo de 2011 y enero de 2012 los responsables de S&P pusieron en marcha una serie de "artificios", tanto al elaborar como al difundir la calificación de la deuda soberana italiana, "idóneos para provocar" una "desestabilización de la imagen del país en los mercados financieros, una alteración del valor de sus títulos de Estado y un debilitamiento del euro". Agregó que a través de esos artificios "suministraban de forma intencionada a los mercados financieros una información tendenciosa y distorsionada sobre la fiabilidad crediticia italiana y las iniciativas de saneamiento y relanzamiento económico adoptadas por el Gobierno italiano, para desincentivar la compra de títulos de deuda y devaluar su valor". En el caso de los responsables de Fitch, la Fiscalía les acusa de manipulación de mercado con agravantes porque entre el 10 y el 18 de enero de 2012 emitieron anuncios de una inminente rebaja de la nota de la deuda italiana, que no fue emitido de forma oficial hasta once días más tarde. De este modo, según los fiscales, "fueron divulgados con el mercado abierto informaciones que debían permanecer reservadas e idóneas para provocar una alteración del precio de los instrumentos financieros". La petición de enjuiciamiento para los responsables de S&P y Moody's llegó tras el cierre de la investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Trani que duraron cerca de dos años e iniciadas a raíz de las denuncias presentadas por dos asociaciones de consumidores italianas. En el marco de las pesquisas se llevaron a cabo diferentes registros y acciones de "verificación" por parte de la policía italiana en la sedes que las agencias tienen en Italia.
