Establecer altos impuestos a la venta de bebidas alcohólicas ha sido una práctica común que siguen casi todos los gobiernos del mundo; el objetivo es incrementar la recaudación. Los libros de texto explican la teoría económica detrás de esta práctica: los bienes con una demanda inelástica (como el alcohol), son los más indicados para una carga impositiva mayor, ya que ante el aumento en el precio, se espera que no se reduzca significativamente el consumo, ello debido a la naturaleza adictiva de los mismos. En efecto, la teoría se manifiesta en la práctica ya que los ingresos tributarios por concepto de IEPS, se ha incrementado más de lo calculado. En 2012, se esperaba recaudar 29 mil 003 millones de pesos por concepto de IEPS a bebidas con contenido alcohólico y cervezas, y se ingresaron 31 mil 220 millones. Para 2013, el gobierno espera ingresar por este concepto unos 33 mil 143 millones, producto de la decisión de mantener para este año las tasas de 26.5% y 53% (aplicables según la graduación alcohólica) del impuesto, una de las más altas a nivel de la OCDE y, por supuesto, al incremento en el consumo, que no ha podido ser moderado.
Ahora bien, en los últimos años otra razón que ha esgrimido el gobierno para incrementar los impuestos sobre la producción y venta de estos productos, es la intención de forzar la reducción del consumo, ya que se consideran adictivos y dañinos para la salud, tanto del consumidor.
El propósito es bueno y se basa en estudios serios que se han realizado en distintos países y que encuentran que incrementar los gravámenes al alcohol reduce las muertes relacionadas con el consumo.
Este resultado es importante si consideramos que según la OMS, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de muertes cada año y unos 320 mil jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese grupo etario. En México, según las autoridades de salud, se registran al año unas 40 mil muertes directamente relacionadas con el consumo de alcohol. La propia OMS recomienda entre otras acciones incrementar los gravámenes y precios de las bebidas alcohólicas para reducir su consumo.
Lamentablemente, en nuestro país esta iniciativa no ha resultado exitosa, ya que los niveles de consumo, sobre todo en jóvenes se han incrementado. Así lo muestra la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, que encuentra que en la población adolescente, el consumo de alcohol aumentó significativamente. La prevalencia de consumo alguna vez de alcohol pasó de 35.6% a 42.9% entre 2002 y 2011; la de consumo en los últimos 12 meses de 25.7% a 30.0% y en el último mes de 7.1% a 14.5%. La razón de estos resultados es claramente sistémica, pero un importante componente es la baja efectividad de los programas de atención a la juventud que buscan reducir el consumo.
Por otro lado, el incremento en los gravámenes al alcohol, lejos de motivar una reducción en el consumo, ha generado un creciente mercado informal representado por el contrabando, la producción y el comercio clandestino. Muestra de ello es la propia conducta de los consumidores. De conformidad con la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2010, un 3.1% del consumo se realiza en mercados rodantes, con vendedores ambulantes y con particulares, ello sin contar la conducta de compraventa de las empresas distribuidoras y de los bares y cantinas, que ante los altos precios también están incentivados a recurrir al mercado informal. Ello sin duda ha dañado a la industria nacional y tendrá su impacto en la recaudación fiscal.
Ahora bien, el problema no sólo se encuentra en el creciente mercado informal, lo que es un asunto meramente económico, también se está generando un problema de salud pública.
Esta situación nos demuestra que debe existir un equilibrio entre una carga impositiva adecuada, que desincentive el consumo, “sin alentar el mercado negro” y un eficiente programa de salud pública dirigido a combatir las adicciones, sobre todo entre jóvenes. Se debe tener en cuenta, que en los países donde la política tributaria sobre el alcohol ha sido exitosa, gran parte de los ingresos provenientes de los impuestos a la venta de alcohol se destinan a programas de prevención, control y atención a la salud, lo que no sucede en el nuestro, al menos no en los niveles que se requiere. Es necesario entonces instrumentar una política pública integral, que vaya más allá de sólo gravar excesivamente la producción y venta de bebidas alcohólicas.
* Presidente de Consultores Internacionales, A.C.
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