El presidente Peña Nieto espera que las reformas aprobadas generen el crecimiento económico que México requiere, el que no ha obtenido en las últimas tres décadas. Desde su perspectiva, el sector energético es un pilar fundamental, las potenciales inversiones generadas por la reforma respectiva deberían propiciar que la industria mexicana sea parte de un nuevo ciclo de expansión económica.
Lo descrito se deriva de la aseveración que el Ejecutivo realizó en la Reunión Anual de Industriales de la semana pasada “… a partir de sus reglas de contenido nacional, esta reforma les permite ser parte de las cadenas de valor y de proveeduría nacional de las grandes empresas del sector energético que se establezcan en nuestro país”.
No es algo menor, lamentablemente en las décadas previas la negociación del TLCAN y otros acuerdos comerciales limitó la posibilidad legal de generar políticas de apoyo a los sectores productivos, cosa que si hacen los socios comerciales de México. El sector energético es una excepción.
En los años que restan para terminar el sexenio se espera que la reforma energética motive una inversión por cerca de 50 mil millones de dólares. En teoría el desarrollo de la infraestructura derivada de ello debería ser suficiente para que la industria mexicana tenga una participación relevante en la proveeduría de los insumos y maquinaria que se va a requerir en la reconstrucción del sector energético.
Los miles de kilómetros de gaseoductos, las nuevas plataformas petroleras y el incremento en el número de empresas que van a generar energía eléctrica son un nicho de mercado atractivo tanto para proveedores nacionales como internacionales, ambos tendrán incentivos para hacer negocio en el sector energético.
De 2015 a 2025 la reforma plantea que el contenido nacional será de por lo menos 25%, y que de ahí se elevará a un mínimo del 35%. Evidentemente que esto es un objetivo modesto para un sector estratégico en el cual los inversionistas internacionales pueden hacer un gran negocio: extraer un barril de petróleo cuesta entre 8 y 35 dólares dependiendo la zona, hoy la mezcla mexicana tiene un precio promedio de casi 78 dólares, el beneficio económico es claro.
Si las empresas mexicanas participan como proveedoras de este sector el beneficio llegará a nuestra economía, si ello no ocurre se cerrará la posibilidad de acelerar el crecimiento económico de México.
El gasto de gobierno en la industria petrolera tiene un valor agregado negativo. El alto contenido de las importaciones es parte de la explicación, el efecto multiplicador del gasto público se ve atenuado por las compras al exterior.
La participación de las empresas privadas mexicanas debe ser activa no solo como proveedoras de insumos, se debe garantizar que se produzcan en México.
Ser intermediarios y comercializadores de insumos y maquinaria importados acotará el beneficio de la reforma energética: se debe fomentar la creación y sostenibilidad de empresas proveedoras y productoras mexicanas.
Otro problema es el de la fórmula de contenido nacional definido por las autoridades. El nivel de contenido se obtendrá de dividir la suma del valor de los bienes, servicios de mano de obra, capacitación a los trabajadores nacionales, transferencia de tecnología e infraestructura, entre los gastos en bienes, servicios, mano de obra y capacitación de trabajadores.
Al contabilizar la contratación de trabajadores mexicanos como parte del contenido nacional se facilita que las empresas trasnacionales compren en el extranjero la maquinaria e insumos que van a necesitar, eso deja fuera a la industria mexicana y va en contra de lo que el presidente Peña Nieto espera como beneficio de las reformas. Se debe dar empleo y comprar insumos nacionales, solo así se tendrá un beneficio real. Por ello debemos analizar a fondo la fórmula de contenido nacional, aquí está la clave del éxito de la reforma energética.
