La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró tener prácticamente listo el documento técnico que será punto de partida en el debate y deliberación de la legislación secundaria que habrá de acompañar a la reforma en telecomunicaciones y competencia económica, la cual se promulgó el pasado 10 de junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Ignacio Peralta, subsecretario de comunicaciones de la SCT, comentó que no depende de la SCT definir la fecha de envío de la propuesta, a pesar de que el tiempo establecido en el texto constitucional pone como fecha límite los primeros días de diciembre para que el Congreso de la Unión emita la regulación correspondiente.

“Nosotros como área técnica nos toca presenta el documento de ley convergente, es la ley que hace que converjan telecomunicaciones y radiodifusión en una sola ley, ese es el mandato constitucional, y nos corresponde elaborar el documento desde un punto de vista técnico.

“La ruta política, legislativa, que va a seguir el documento no la definimos en la Subsecretaría y la desconozco, aunque el documento lo tenga listo no te puedo decir en qué momento entra o cuál es el siguiente paso a seguir”, dijo.

En cuanto a temas destacables, explicó, la ley contiene temas complejos que se desarrollaron con mucho detalle y en base a la consulta de expertos en la materia.

El instrumento, dijo, “tiene todo el diseño institucional del nuevo órgano regulador (...), todo el tema de contenidos de Televisión (TV), del sistema de radiodifusión del Estado, lo que viene siendo la TV pública”.

El documento técnico también contiene la regulación de redes mayoristas, dijo.

Uno de los temas más destacables, comentó, es el tema de concesión única donde es fundamental definir el marco normativo para el otorgamiento de concesiones únicas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El trabajo del Legislativo

De acuerdo con la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica, el Congreso cuenta con un periodo de 180 días para establecer tipos penales especiales que castiguen prácticas monopólicas y fenómenos de concentración.

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