Las reformas estructurales han cambiado el marco institucional pero no las instituciones. Tampoco han modificado la conducta, visión y cultura de los agentes que se encargan de operar la estrategia en el sector público federal mexicano. Un camino aún más largo es el que debe recorrerse para que ello llegue a nivel estatal y municipal.

¿Cuánto cuesta “Mover a México”? Para el 2015 los Criterios Generales de Política Económica y el correspondiente presupuesto de egresos plantean que el balance público, una vez que se contempla la inversión que realizará el gobierno, cerrará con un déficit de 3.5% del PIB. Una cifra similar a la que se contabilizará en el presente año.

Ello representa mayor deuda pública. Hasta el mes de julio del débito del sector público mexicano había aumentado en más de 1 billón de pesos. La apuesta del gobierno es que la misma se pagará en función de una mayor recaudación fiscal, la cual a su vez será producto del crecimiento económico que las reformas estructurales deberán propiciar en los años por venir. Excepto para el 2015.

Como antecedente se tiene al 2013 y el 2014, en donde el desempeño económico ha sido inferior a lo originalmente estimado: el 3.9% calculado para todo el 2014 quedará en 2.7%, de acuerdo a la prospectiva oficial, en tanto el año pasado se contabilizó un PIB que apenas aumentó en poco más de 1%. Evidentemente que la desaceleración superó el análisis oficial. De igual manera se sobre estimo el beneficio que el gasto de gobierno tiene sobre la economía de México.

Para el 2015 los ajustes continúan: el 4.7% de crecimiento calculado hasta principios de este año se transformó en 3.7% los Criterios Generales de Política Económica. Si bien parece ser una cifra alcanzable, el primer aspecto a destacar es que ello se desprende de una economía que está incurriendo en un mayor débito y en donde el impulso de su crecimiento radica de la reactivación económica de EU.

El cierre de 2014 llegará con un incremento en la deuda pública, en total más de 1.1 billones de pesos respecto a diciembre de 2012. Al finalizar el 2015 se elevará otros 600 mil millones de pesos más. Todo con un crecimiento menor al esperado durante los primeros tres años de gobierno.

La esperanza de que ello se revierta es la reforma energética. Se contempla un flujo de inversión en aspectos estratégicos como electricidad, gas y petróleo. Los beneficios podrían llegar en las regiones que tienen gran dotación de recursos energéticos.

En el mediano plazo es imprescindible que exista una transformación de fondo en el sistema productivo mexicano, así como en la gestión pública.

Algo similar ocurre para la sociedad y el sector privado mexicano. Las modificaciones constitucionales y de leyes secundarias arriban a un país con una marcada heterogeneidad social y productiva, el resultado lógico de casi cuatro décadas de bajo crecimiento económico y crisis recurrentes.

En un país con desigualdad, no puede esperarse que las leyes y reglamentos aprobados tengan un impacto homogéneo si no se implementan políticas públicas secundarias, las cuales generen un cambio en la visión de la administración pública así como nuevas instituciones.

Lo anterior también es válido en el sector productivo, basta recordar que se tiene una mayoría de empresas pequeñas, con serias dificultades para sobrevivir. Evidentemente se encuentran fuera de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. En el otro extremo existe una minoría de firmas mexicanas altamente productivas, pero que enfrentan una competencia desigual frente a trasnacionales con una gran capacidad financiera y en algunos casos apoyadas por sus gobiernos e instituciones. Algo que se debe contemplar más allá de dogmas económicos.

* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

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