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Ante la aprobación inminente de las reformas en materia de energía, los órganos reguladores, el tratamiento fiscal de las empresas y su nuevo esquema de organización como empresas productivas del estado, en teoría empezaremos a ver inversionistas interesados reunirse con funcionarios de empresas mexicanas, buscando algún tipo de asociación estratégica, para participar en cualquier etapa de la cadena de producción, comercialización, ya sea de electricidad, gas, petróleo o petroquímica.
Como es bien sabido, las empresas del estado como Pemex y CFE, no operan con números negros desde hace ya algunos años, lo que ha obligado a hacer algunas quitas y a que el gobierno asuma algunos de los pasivos, que al ser respaldados por el mismo, tienen el carácter de deuda soberana. Pero no ha sido sólo eso, sino que los legisladores han ido bastante más allá para plantear que el gobierno asuma una proporción de los pasivos laborales de ambas empresas. En conjunto, estos pasivos ascienden a alrededor de 1.6 billones de pesos (1.1 billones de Pemex y 507,000 millones de CFE), representando cerca de 10% del PIB.
Para muchos, la historia del rescate de la banca y el Fobaproa ya es muy antigua y dada la pérdida de memoria histórica que padece la mayoría de la sociedad mexicana, no se recuerda el escándalo que armó la oposición al partido en el poder en aquel entonces, que resulta que es el mismo de hoy en día: El mismo partido en el poder y la misma oposición, que ahora quieren que la sociedad se endeude más para rescatar a dos sindicatos que tradicionalmente han sido una enorme carga para el erario. El detalle que ahora han planteado, para hacer un poco más atractiva la operación, es condicionar a que se modifique el contrato colectivo de trabajo tanto para trabajadores en activo como para los nuevos considerando, entre otras cosas, la edad mínima de retiro, los años de trabajo efectivo para jubilarse, el salario de jubilación y que los nuevos trabajadores entren al esquema del sistema de ahorro para el retiro, con cuentas individualizadas.
Actualmente, un trabajador de Pemex se puede jubilar a temprana edad y retirarse con el 100% de su salario, por el resto de su vida. A esto hay que sumar los servicios médicos, cuyo costo a edades avanzadas aumenta considerablemente, en especial si se presentan algunas enfermedades o padecimientos crónicos, que son perfectamente tratables, pero muy caros. Esto nos dice un poco acerca del enorme atractivo para que dentro del sindicato muchas personas se enriquezcan mediante la venta de plazas.
Aun suponiendo que los sindicatos aceptaran todos los planteamientos, cosa que se ve difícil y por la que habrá que hacer negociaciones muy pesadas, en las que posiblemente la oposición trate de tomar de bandera la lucha y aproveche para manifestarse y causar inconvenientes de todo tipo a la sociedad, el que el gobierno asuma parte de los pasivos, será una enorme carga para varias generaciones por venir.
Para la sociedad, si se aprueba la operación significaría elevar la deuda pública total, que actualmente representa 35% del PIB, generando un costo por su servicio el cual estaría en función de las tasas de interés. Muchos programas del llamado gasto programable del gobierno palidecen ante esta cifra y lo peor es que el gobierno seguiría gastando en conceptos que no ayudan al crecimiento. Ante esto, no sería posible mantener un ritmo creciente de inversión pública, necesaria para complementar a la inversión privada y que la economía aumente su potencial de crecimiento, se generen más y mejores empleos y la sociedad alcance mejores niveles de bienestar en el futuro. Hay que encontrar otra salida al problema y sobre todo, con un planteamiento en el que los trabajadores de las empresas asuman una parte importante de la carga, no toda la sociedad.
*Presidente de Consultores Internacionales S.C.
