México está en vías de tomar un modelo energético que gira en torno a la apertura total a la inversión privada de la industria petrolera y eléctrica, y que de paso define lo que será este sector en los próximos años.
El camino recorrido hasta ahora, desde que el Ejecutivo presentó el paquete de 21 leyes secundarias de la reforma energética el pasado 30 de abril y lo que el Congreso ha aprobado, revela que entre unas y otras sólo ha habido cambios de forma, pero no de fondo.
“Lo que es un hecho consumado es la apertura del sector a la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, y las leyes secundarias sólo delinean cómo y cuándo se va a llevar a cabo la transformación”, señaló Miriam Grunstein, catedrática y especialista del sector energético del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
De hecho, los cinco principios básicos de la reforma constitucional se mantienen luego de haber transitado por el Senado y la Cámara de Diputados: la nación mantiene la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en exploración y producción, transformación, logística y electricidad en beneficio de los consumidores.
